Régimen de terror en Venezuela

La muerte del concejal opositor Fernando Albán, mientras estaba detenido en la sede del edificio del Servicio de Inteligencia bolivariano, confirma el estado de violación sistemática de los Derechos Humanos en un régimen que solo se mantiene por el apoyo del ejército y la represión continuada. La explicación oficial del régimen sobre lo sucedido apuntaba a que el opositor se había “suicidado”. Una interpretación que no responde a una investigación seria y rigurosa, y que para los que conocían a Fernando Albán carece de toda credibilidad.

El joven político del partido Primero Justicia, además de una indiscutible vocación de servicio tenía unas firmes convicciones religiosas, según ha hecho público el arzobispado de Caracas, que ha calificado al fallecido de “un hombre de sólidos valores cristianos y compromsio con los pobres”. Fernando Albán estaba muy implicado en la acción social de la Iglesia, en Cáritas y en varios programas asistenciales en los barrios marginales de Caracas. El Estado, que debe tutelar la vida y la integridad de las personas, se ha convertido en Venezuela en una más que previsible amenaza para la integridad física de quienes de verdad y sin demagogia defienden a su pueblo. Los obispos venezolanos han reiterado que “el pueblo está cansado de la misma retórica” y han calificado este hecho como de “una nueva muestra de indefensión ante un régimen excluyente”.