Varapalo judicial a una política que provoca ruptura

La instauración y consolidación de la democracia en España trajo consigo el reconocimiento jurídico de la cooficialidad de lenguas en varias Comunidades Autónomas. El uso normalizado de dos lenguas debiera ser visto y reconocido no solo como la evidencia del pluralismo lingüístico sino como un bien social y cultural que enriquece a todos los españoles, porque todas las lenguas que se hablan en territorio español son un bien de todos los españoles.

Sin embargo, desde hace ya varios años, lo que es un signo de riqueza se ha convertido en un objeto de litigio sobre el que los Tribunales de Justicia se han visto obligados a pronunciarse. El caso más reciente es el de la Comunidad Valenciana, cuyo Gobierno aprobó un Decreto que el Tribunal Superior de Justicia ha anulado en once de sus artículos. El Gobierno valenciano había decidido primar la lengua valenciana por encima del castellano en los ámbitos administrativos, ignorando el propio Estatuto de Autonomía.

El varapalo judicial debería servir de aviso para quienes hacen de la lengua un instrumento de lucha política y división social. La legislación debe tener en cuenta el equilibrio social y no desproteger a ningún ciudadano por el hecho de que utilice cualquiera de las lenguas cooficiales. Pero resulta especialmente sangrante que las administraciones del Estado castiguen a quienes se expresan normalmente en la que es lengua común de todos los españoles.