Alimentar el separatismo

La decisión del Tribunal Supremo de admitir a trámite los recursos de los partidos de la oposición contra los indultos a los líderes independentistas condenados por sedición no presupone que dicha medida vaya a ser anulada. Pero el hecho de ir al fondo jurídico de aquella disposición política, tal como se propone el Supremo, pone de manifiesto la arbitrariedad con que el ejecutivo utiliza su poder con tal de no perderlo. Aunque Sánchez justifique su política con el deseo de alcanzar en Cataluña la concordia social, lo cierto es que sus medidas estimulan el anhelo separatista. No es la búsqueda de la concordia social en Cataluña, que requiere otros enfoques e instrumentos, lo que mueve a Sánchez sino asegurar su precaria estabilidad necesitada del favor de los independentistas.

Con este fin, el Partido Socialista en Cataluña ha pactado con ERC y Junts una nueva ley, que hoy mismo se debate en el Parlament, para soslayar el cumplimiento de la sentencia que obliga a impartir en castellano el 25 por ciento en la enseñanza no universitaria. La norma pactada establece el catalán como lengua vehicular en la educación y relega al castellano a los criterios lingüísticos y pedagógicos de cada centro docente, sin especificar porcentaje alguno. Los independentistas pretenden así dejar sin efecto la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, mientras los socialistas catalanes explican que el pacto suscrito garantiza el cumplimiento de la sentencia. A veces la ambigüedad linda con la mentira.