Desconcierto ciudadano

España es el país europeo con una mayor tasa de contagios incluso después de las fuertes medidas tomadas durante el período de confinamiento. A medida que pasan los días se percibe con más claridad que el Gobierno de Pedro Sánchez se fue de vacaciones habiendo cerrado en falso el estado de alarma, sin una visión de conjunto adecuada, ni un plan de actuación que respondiera a la previsible evolución del virus. Si en los primeros momentos de la pandemia primó la improvisación, convendría haber aprendido de los errores iniciales. Sorprende que no se haya trabajado en un plan conjunto de las administraciones para afrontar los rebrotes, o no se hayan presentado ya medias escaladas de contención, o no se tenga una estrategia ante la crítica situación en la que, de nuevo, comienzan a estar algunas residencias de mayores.

Una muestra de este estado de desconcierto en el que está la ciudadanía es la descoordinación judicial sobre las medidas que hay que tomar para frenar la pandemia. La decisión de un juzgado madrileño de no ratificar las medidas tomadas por la administración autonómica es un ejemplo de la inseguridad jurídica, que provoca confusión social. La disparidad de resoluciones judiciales sobre esta materia obliga a una reforma legal desde el Congreso de los Diputados, tal y como solicitó el PP antes de que acabara el estado de alarma. Una propuesta que fue rechazada por Sánchez y despreciada por Ciudadanos. Ahora más que nunca son necesarias políticas y legislaciones homogéneas en toda España.