Disparate jurídico de Irene Montero

El Consejo General del Poder Judicial hizo público ayer un durísimo informe sobre el anteproyecto de la ministra de Igualdad, Irene Montero, de Garantía Integral de la Libertad sexual, más conocida como la “Ley del sí es sí”. Con el inusual y sorprendente voto unánime de todos los miembros del Consejo, este informe preceptivo, aunque no vinculante, echa por tierra todas las artificiales construcciones jurídicas de la ministra Montero. El informe considera que la ley que pedía el consentimiento expreso de la mujer para mantener relaciones sexuales no tiene sentido, dado que en nuestra legislación penal ya está contemplada la necesidad del consentimiento, aunque no se defina.

Además, el informe aclara que el anteproyecto de ley vulnera la presunción de inocencia del varón, da vuelta a la carga de la prueba y, lo que es más contradictorio, perjudica a la víctima que se pretende defender al unir las sanciones por abuso sexual y agresión. No solo es un anteproyecto con graves deficiencias de técnica legislativa, sino que no responde a una necesidad real. El problema de fondo es que este anteproyecto de Ley instrumentaliza la norma para imponer una ideología a la sociedad. Pretende utilizar el parlamento para un demagógico proyecto que acaba con el sentido común en las relaciones personales. Quien se tendría que retirar no es solo el anteproyecto de ley sino la propia ministra de Igualdad.