Escalada de trampas

La decisión de la Generalitat de avalar la multa impuesta por el Tribunal de Cuentas, amenaza con convertirse en un nuevo embrollo judicial, dadas las dudas que suscita su legalidad. Lo que pretende el gobierno catalán es evitar que los 34 ex altos cargos investigados, entre ellos los condenados por sedición, tengan pagar con su patrimonio la multa que asciende a 5,4 millones de euros. El mecanismo concebido es una elaborada trampa que consiste en garantizar con fondos públicos un supuesto aval aportado por alguna entidad financiera privada. Hay que recordar que los recientes indultos a los separatistas condenados por el Tribunal Supremo no incluyen el delito de malversación en que incurrieron al utilizar el dinero de los contribuyentes para costear, durante años, la propaganda en el exterior del proceso de independencia, culminado en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Aunque el consejero de Economía, Jaume Giró, consideraba ayer que este mecanismo es perfectamente legal, es evidente que el fondo de diez millones de euros se ha constituido expresamente para evitar que los líderes independentistas paguen de su bolsillo las consecuencias de sus actos. Mientras Sánchez declara que ya se verá si el mecanismo es legal o no, el Partido Popular ha anunciado su decisión de recurrir a la Justicia, porque a su juicio se trata de un nuevo caso de malversación de dinero público. El hecho es que el procedimiento judicial puede durar años y lo que importa ahora, tanto a la Generalitat como al propio Sánchez, es ganar tiempo para que avancen las negociaciones en la llamada "mesa de diálogo".