Lawfare o la destrucción del Estado de Derecho

Uno de los síntomas del despropósito político y jurídico que supone la Ley de Amnistía, registrada ayer en solitario por el PSOE en el Congreso, ha sido la unanimidad en la crítica rotunda que ha despertado en diferentes instituciones y estamentos del Estado. Particularmente significativa ha sido la unanimidad en los jueces, incluida la asociación Jueces para la Democracia, afín al Gobierno.

La línea roja del denominado "lawfare" ha hecho saltar todas las alarmas, también fuera de España, donde cada vez hay más sitios, muy distintos entre sí, que denuncian sin rodeos la deriva totalitaria del sanchismo. El Ejecutivo trata de defenderse diciendo que el “lawfare” no está en la Ley, pero no es más que una nueva triquiñuela en su huida hacia adelante. Todo el texto está trufado de ese aroma, que se recoge explícitamente en el Pacto sellado con Junts. Mientras, miembros del partido de Puigdemont no hacen más que jactarse de qué buena parte de la redacción de la ley es suya.

El “lawfare” supone la destrucción del Estado de Derecho: consiste en asumir que los jueces dictan sentencias por motivos de persecución política y que, por consiguiente, los políticos están legitimados para fiscalizar y castigar a los jueces. Eso es, sencillamente, colocarnos a la altura de países como Venezuela. Hay razones para la preocupación y motivos sobrados para la denuncia.