La Ley de Amnistía, una condena de la Transición

A lo largo de los años de la reciente democracia en España se han aprobado no pocas leyes acompañadas de manifestaciones en las calles, de oposición en el parlamento y en los medios de comunicación. Nunca, hasta el día de hoy, se dio el caso de una ley, como esta de la Amnistía, que hay concitado tantos informes técnicos negativos, tanta oposición institucional, no sólo en la calle y en la opinión pública sino en el mundo judicial, incluso dentro del partido que la promueve, el Partido Socialista Obrero Español. El olvido penal de los condenados por el Procés, el borrado de la memoria colectiva de los hechos más graves cometidos contra la Constitución de 1978 ha levantado tal número de objeciones éticas y jurídicas, no contestadas ni aclaradas, que coloca al sistema constitucional en grave riesgo por una norma que acaba con la igualdad de todos los españoles ante la ley.

En el espectro de la rotunda oposición a la ley de Amnistía se encuentra un número no desdeñable de históricos líderes del Partido Socialista, comenzando por el expresidente del Gobierno Felipe González, junto a exministros de todos los ejecutivos socialistas de la democracia. Voces críticas que han sido ahogadas por un discurso oficial que subordina la dignidad democrática al beneficio utilitario que suponen siete votos de los independentistas de Puigdemont para que Pedro Sánchez se mantenga en la Moncloa. Esos dirigentes socialistas han dejado claro, como hizo el exvicepresidente Alfonso Guerra, que esta ley socava la autoridad del Estado y es “una condena de la Transición”.