Línea Editorial COPE: Duro varapalo jurídico a la Ley de Amnistía

La legislatura de Pedro Sánchez nace con el pecado original de la ley de Amnistía que, de momento, no está pasando los controles de calidad jurídicos imparciales exigidos.

El Informe de los letrados de las Cortes adscritos a la Comisión de Justicia ha dejado bien claro que si el Gobierno pretende sacar adelante esa ley lo primero que tendría que hacer es cambiar la Constitución.

Gran parte de lo que se dice en la exposición de motivos, las dos disposiciones adicionales y cinco de los dieciséis artículos de la Ley de Amnistía contienen claros indicios de inconstitucionalidad.

El informe de los letrados de las Cortes parte del supuesto de que la ley podría “constituir un ejercicio de la potestad jurisdicional”, es decir, que el Gobierno se estaría atribuyendo potestades que corresponden, según la Carta Magna, a los jueces y tribunales.

Además, según los letrados, la norma afectaría al principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y entorpecerá la aplicación del derecho comunitario en materia de lucha contra la corrupción, la malversación de fondos públicos y el terrorismo, al margen de otras consideraciones no menores que apuntan a una clara inconstitucionalidad de la norma.

Está claro que el Gobierno activará sus terminales para contrarrestar la sólida argumentación de los letrados de las Cortes. Pero lo que cada vez es más evidente es que esta propuesta ni se atiene a la legalidad, ni es necesaria, ni es demandada por la sociedad.

Responde sólo a la necesidad de Pedro Sánchez de seguir en La Moncloa a costa de romper y tensionar el tejido constitucional.