Memoria inconveniente

Lo más suave que se puede decir del proyecto de ley de Memoria Democrática es que es innecesario, y lo más preciso es que es profundamente inconveniente. Aquellos que quieran recuperar los restos de sus familiares desaparecidos durante la República y la Guerra Civil deben poder contar con el apoyo del Estado. Pero para eso, no es necesaria una nueva norma.

Es inconveniente pretender que sea el Estado el que fija la verdad histórica sobre un período tremendo del pasado siglo. Los profesores y las futuras generaciones no necesitan que se les aleccione con una determinada interpretación seleccionada por el Gobierno. Para hacer historia ya están los historiadores. La labor de investigación y de docencia no necesita tutelas que parecen tener miedo a la libertad.

Como ya señaló en su momento el Consejo General del Poder Judicial la disolución de algunas fundaciones y asociaciones, amparándose en la memoria histórica, puede colisionar con derechos fundamentales. Por ejemplo, la obsesión por disolver la Fundación Francisco Franco puede suponer un atropello. Es perfectamente discutible, y se puede someter a una crítica abierta y solvente, la reivindicación del franquismo que llevan a cabo sectores muy minoritarios de la sociedad, pero no se puede limitar la libertad de expresión salvo que se cometa un delito de odio. Y la jurisprudencia española, como la de cualquier democracia, suele inclinarse a favor de la libertad en la mayoría de los casos de conflicto.