Muerte en Melilla

La muerte de casi 40 migrantes la semana pasada en las inmediaciones de la Valla de Melilla no puede considerarse bajo ningún concepto una respuesta adecuada a un intento de invasión, como sugirió el sábado el presidente del Gobierno. Los subsaharianos que intentaron entrar en España, empujados según algunas informaciones por las autoridades marroquíes, no tenían ninguna intención de poner en peligro la soberanía de nuestro país. Cualquier país tiene derecho a proteger sus fronteras, pero respetando los derechos humanos, el derecho de asilo y la necesaria proporción en las actuaciones.

La regulación internacional establece que los derechos humanos, entre el que está lógicamente el derecho a la vida, constituirán el núcleo de todas las medidas de gobernanza de fronteras. De igual modo, reclama que se establezcan sanciones apropiadas ante el uso excesivo de la fuerza. Y requiere que se ofrezca atención médica a los migrantes, comida y agua, mantas, ropa, y la oportunidad de descansar. También exhorta a los Estados a garantizar que todos reciban la atención médica necesaria. Nada de esto se produjo la semana pasada.

No se puede afirmar que Marruecos actuó de forma correcta. Nuestro país vecino debe colaborar en la lucha contra las mafias. Pero es necesario exigirle que no utilice la migración con arma política y que respete los derechos humanos. Subcontratar el control de la migración a terceros países que no utilizan métodos proporcionados es olvidarse de lo que nos ha hecho europeos.