Responsabilidad ante la Ley de Seguridad Nacional

Al principal partido de la oposición en España se le exige que el sentido del Estado guíe sus actuaciones parlamentarias, lo cual no tiene nada que ver ni con la ingenuidad, ni con la ambigüedad. La decisión del PP de rechazar las enmiendas a la totalidad de ERC y Junts per Cataluña a la Ley de Seguridad Nacional, no representa una claudicación ni un cheque en blanco a la política de Pedro Sánchez, ni la primera cesión de un pacto encubierto. El rechazo responde a la necesidad de frenar las expectativas de los independentistas, que consideran que esta reforma de la Ley es un “155 encubierto, dado que quita competencias a las comunidades autónomas en situaciones extraordinarias”.

El PP, junto con VOX y Ciudadanos, ha permitido que continúe el trámite parlamentario de una ley sobre la que estos partidos tendrán mucho que decir. De hecho, entre las enmiendas que propone el PP está la de blindar el Centro Nacional de Inteligencia. Dada la experiencia de la pandemia, en un momento de incertidumbre internacional provocada por la guerra en Ucrania, esta Ley estratégica debe aprobarse con el mayor consenso parlamentario posible.

Es en el proceso de la tramitación de enmiendas donde se desvelará la voluntad del Gobierno de llegar a acuerdos con la oposición, y ya se vislumbra una dura negociación. Será Sánchez quien decida al final si esta Ley sale con el apoyo de quienes defienden la Constitución o con el de quienes pretenden derribarla.