Sin sentido ni fundamento

El escenario ha cambiado mucho en Cataluña desde que hace seis años Puigdemont declarase, durante unos segundos, la independencia de Cataluña. Los partidos independentistas pierden apoyo, las grandes manifestaciones populares en favor de la secesión prácticamente han desaparecido, el 52 por ciento de los catalanes ya no la quieren. Además, ha quedado claro que no tendría ningún apoyo internacional. El Estado, que ya ha mostrado su fuerza, podría ser generoso con los líderes independentistas si hubiese garantías de que renuncian a las vías ilegales para conseguir sus objetivos, por ejemplo, un referéndum de autodeterminación.

Puigdemont, a diferencia de los líderes de ERC, no se ha sometido al Estado de Derecho. Y, además, la amnistía no cabe en la Constitución. Las constituciones son textos escritos, interpretados por la jurisprudencia de los tribunales de garantías. Pero también son pactos de convivencia vivos que se pueden reformar siguiendo los procedimientos establecidos. Podría argumentarse la conveniencia de un nuevo pacto entre los españoles, entre sus representantes, para pasar página. Para eso sería necesario el compromiso de los independentistas de atenerse a la ley y el acuerdo de los dos principales partidos políticos, representantes de la inmensa mayoría de los electores. Todos eso es imposible porque la amnistía la concede Sánchez para seguir en el poder, para evitar que Feijóo, que ganó las elecciones, llegue a La Moncloa.