Trampas con el “tercer grado”

La Generalitat de Cataluña ha ratificado el tercer grado para los políticos procesados por el golpe separatista de 2017. Esta decisión confirma la voluntad del gobierno de Quim Torra de hacer que la sentencia del Tribunal Supremo sea papel mojado, y así convertirse en el poder capaz de liberar a unos condenados que, según el relato independentista, sufren prisión injustamente.

Por la vía de los hechos, la Generalitat acaba de cometer un fraude de ley, dado que el régimen de semilibertad les ha sido concedido por razones políticas y no por ninguna de las referidas en la legislación para estos casos. Es importante destacar que ni Oriol Junqueras ni el resto de los condenados se han arrepentido de lo que hicieron, todo lo contrario; además no han cumplido ni siquiera la mitad de las condenas, no tienen problemas graves de salud y no se dan graves razones humanitarias.

Sorprende una vez más el juego del Presidente del Gobierno, según el cual no hay nada que objetar a la decisión del gobierno catalán, dado que es un proceso “tasado y reglado en nuestra legislación penitenciaria”. Pedro Sánchez es muy consciente de que las razones del tercer grado son políticas y están relacionadas, además, con la inminente campaña electoral catalana. Y es que esta decisión favorece la estrategia de Sánchez de mantener contentos a quienes han hecho posible que llegue a la Moncloa, con una actitud complaciente hacia quienes saben utilizar perfectamente la estrategia del chantaje.