Alejandro, a 11 días de quedarse sin casa: “tenemos que parar nuestra vida”

A partir del 11 de abril, catorce nuevas familias serán desalojadas de sus viviendas de las calles Pablo Olavide (impares) y Ventura Argumosa 20, ya que se han visto afectadas por los problemas generados por la Línea 7B de Metro.

Estas catorce familias se sumarán a las 40 que fueron desalojadas el pasado 22 de septiembre y que van camino ya de sietes meses fuera de sus casas y sin poder acceder a ellas para recoger sus pertenencias.

Juan Antonio Fuentes, uno de los desalojados, explicó este jueves a COPE Madrid que hay vecinos que están teniendo “problemas psicológicos”. “Desde ayer, la Consejería de Transportes ha puesto en marcha un servicio de atención psicológica para ayudar a algunos de estos vecinos que han visto mermada su capacidad mental”, añadió.

Respecto a las soluciones, el pasado 14 de marzo, la Comunidad de Madrid reconoció de oficio la responsabilidad patrimonial sobre las viviendas afectadas. En este sentido, aseguró Fuentes, “las 24 familias afectadas y otros dos locales comerciales están reuniendo la documentación necesaria para que, en seis meses máximo, reciban la correspondiente indeminazión”, puntualizó.

Muchos de estos vecinos desalojados han tenido que recurrir a los apartahoteles puestos a disposición por la Comunidad de Madrid, que, no obstante, han sido calificados de “indignos” por el propio consejero de Transportes, David Pérez, y por el director general de Infraestructuras, Miguel Núñez.

Esa es una de las alternativas que se les ofrece a las 14 familias que tendrán que dejar sus casas a partir del próximo 11 de abril. En principio, la descartan, tal y como indicó a COPE Madrid Alejandro Escribano, uno de los vecinos que será desalojado. La otra opción es que la empresa semipública Tragsa se haga cargo de pagar el alquiler de una vivienda que encuentren los afectados. Y he aquí el problema.

“Ese contrato de alquiler lo tienen que sellar los propios afectados y no Tragsa, por lo que tenemos que correr con las fianzas, las mensualidades de adelanto y otro tipo de costes que muchos no podemos asumir”, lamentó Escribano, que insistió en que esto es “un bucle sin fin”.

De hecho, los propietarios de las viviendas y las inmobiliarias ponen unas condiciones “inasumibles” para los vecinos, ya que no generan credibilidad dado de que dependen del dinero de Tragsa.

Así, a once días de que catorce familias tengan que salir de sus casas a la fuerza, siguen sin tener una alternativa habitacional digna y que les permita llevar una vida que, como indicó Escribano, “vamos a tener que parar”.