Vox presiona a Almeida para desalojar La Ingobernable: "Los amigos de Carmena no pueden usar este edificio"

El concejal de Vox del Ayuntamiento de Madrid Pedro Fernández ha pedido este miércoles al Consistorio de PP y Ciudadanos que desaloje La Ingobernable "por las buenas o por las malas" y ha recalcado que la Policía tiene "fuerza legítima".

Así lo ha manifestado a los periodistas en las puertas de Caixa Forum, junto al centro social ocupado La Ingobernable, al que han acudido centenares de personas para mostrar su apoyo contra el desalojo del centro.

Fernández ha señalado que rechazan que "los amigos de Manuela Carmena" no pueden seguir utilizando este edificio público que "pertenece a todos los madrileños" y ha instado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a que ponga "todas las herramientas a su disposición" para que se produzca el desalojo.

"Si la policía tiene la fuerza legítima para utilizar la fuerza que la ley le permite contra ilegalidades", ha afirmado el concejal de Vox.

Técnicos del Ayuntamiento de Madrid y Policía Municipal ha entregado este miércoles la notificación de desalojo al centro, a la que esta mañana ha acudido centenares de personas para mostrar su apoyo al centro porque "la Ingobernable, es indesalojable".

A las diez de la mañana han llegado los técnicos municipales al Paseo del Prado y no han podido acceder al edificio debido a la aglomeración de personas que se han colocado frente al espacio, ubicado junto al Caixa Forúm, donde han entregado la notificación a miembros del colectivo.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha marcado el desalojo de la Ingobernable como el epicentro de su "tolerancia centro a la okupación" y ha advertido que utilizará "toda la fuerza" de la ley y los "esfuerzos necesarios" para proceder al desalojo del edificio.

La Ingobernable comenzó a funcionar el 6 de mayo de 2017, cuando varios ciudadanos okuparon un edificio vacío situado en el paseo del Prado y propiedad del Consistorio, que en 2015 la entonces alcaldesa Ana Botella había cedido a la Fundación Ambasz para demolerlo y edificar en su lugar un museo.

Un año después, en 2018, el Ayuntamiento de Madrid dirigido por Manuela Carmena recuperó el edificio para el patrimonio municipal para lo que tuvo que abonar 1,4 millones a la Fundación Ambasz como indemnización.