Carmena no comparece sobre Bicimad en el Pleno y Sabanés sigue sin explicar los informes falseados

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, no ha comparece en la sesión plenaria de este martes 30 de enero sobre el caso Bicimad. La oposición del Ayuntamiento ha criticado su postura y la de su partido.

El PP ha acusado a Carmena de "no dar la cara" y "esconderse" por haber delegado su comparecencia en Sabanés ya que a juicio de los 'populares' la responsabilidad de la compra de Bicimad recae sobre "Manuela Carmena Castrillo" pues la transferencia de 10,5 millones a la EMT fue autorizada por la Junta de Gobierno.

El PP critica que Carmena les acuse de "judicializar la política" y ha negado que existiesen cauces de comunicación "razonables" para evitar la querella contra Sabanés y el gerente de la EMT por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos al no haber obtenido el expediente de la cesión pese haberlo pedido hasta en cinco ocasiones.

Por su parte, el edil socialista Ignacio de Benito ha mostrado su apoyo a la remunicipalización de Bicimad pero ha denunciado que "existen muchas evidencias de que las cosas no se han hecho bien" al existir informes económicos que arrojan el mismo global pero valoran de forma diferente distintos conceptos o por el "estrambótico" informe que lleva la firma de un cargo que no existía.

ESCUCHA A INÉS SABANÉS | DELEGADA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD DE MADRID

La delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, ha defendido su acción en Bicimad para "reflotar" un servicio vital para Madrid que el PP, ha dicho, condenó con "un contrato que estaba abocado al fracaso" y con la aceptación de una patente que dificultó la creación de otro servicio. Sabanés, también presidenta de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), ha comparecido ante el Pleno para dar cuenta del proceso de compra del servicio de alquiler de bicicletas a la empresa privada Bonopark tras la presentación de una querella por parte del PP por malversación y prevaricación en la compra de ese servicio.

En referencia a que la empresa concesionaria del servicio de alquiler de bicicletas amenazaba con ir a un concurso de acreedores porque acumulaba pérdidas de 300.000 euros al mes, la delegada ha recordado que el servicio nació con un contrato "que estaba abocado al fracaso, salvo que tuviesen acuerdos por detrás", puesto que se licitó por mucho menor precio del que realmente costaba.

Además, ha dicho la delegada, el equipo de gobierno de Ana Botella decidió ampliar el servicio en abril de 2015, con el gobierno en funciones, una decisión que llevó a la "quiebra".

"¿Que cómo ha podido pasar? Porque era un contrato infumable, por decirlo suave. De los 52 millones que ustedes calcularon pasaron a hacer un contrato de 21 millones y con más prestaciones", ha dicho la delegada, que ha justificado que tenía varias opciones, entre ellas dejar caer el servicio, pero consideró que "lo fundamental" era "reflotar" un sistema que estaba al borde de la desaparición.