La pandemia agrava la precariedad de las empleadas de Hogar en Madrid

Piden que se revise su convenio para acabar con la discriminación del sector

Redacción digital

Madrid - Publicado el - Actualizado

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En la Comunidad de Madrid hay 102.558 empleadas de hogar cotizando a la Seguridad Social. Son el 67 por ciento del total. El resto lo hacen sin contrato, con salarios precarios y sin prestaciones. Es la situación que denuncian desde la Plataforma por un empleo de Hogar y Cuidados con plenos Derechos de Madrid coincidiendo con la celebración del Día Internacional del Empleo de Hogar.

Una situación que se ha agravado con la pandemia porque muchas han perdido su empleo o “se han contagiado y, si cuidaban de una persona mayor la han obligado a quedarse en casa con lo que, además de enferma, ha tenido que estar cuidando de otra persona”, cuenta Pilar ya jubilada pero que empezó a trabajar como empleada de hogar en los años sesenta del siglo pasado. “Y lo triste es ver que con todo lo que ha cambiado, la situación de las trabajadoras de hogar se sigue manteniendo”, lamenta.

‘Empleadas de hogar’ porque las mujeres representan el 96 por ciento de los trabajadores de este sector “con salarios precarios y sin prestación por desempleo”, explica Rafaela, que asegura que “cuando vas a una entrevista y preguntas si van a cotizar por ti te dicen que no o directamente de eso no se habla y si nadie cotiza por nosotras no podremos tener una pensión”. Una situación a la que hay que añadir salarios precarios por eso piden que su trabajo “no sea un sorteo para encontrar un empleador que cumpla nuestros derechos”, lamenta Rafaela.

Una situación que ha llevado a muchas de las trabajadoras a una situación de pobreza que las ha obligado a recurrir a las colas del hambre. Y es que, según un informe de Oxfam, una de cada tres empleadas de hogar vive por debajo del umbral de pobreza y una de cada seis en pobreza extrema.

Piden que se les considere como trabajadoras esenciales para poder vacunarse y que se revise el convenio del sector para acabar con la discriminación salarial y de derechos que arrastran desde hace más de seis décadas “porque si nosotras no estuviéramos trabajando en las casas, mucha gente tampoco podría ir a trabajar”, asegura Rafaela.