La Archidiócesis de Zaragoza defiende en el juzgado la propiedad de los templos que reclama el Ayuntamiento

El Arzobispado de Zaragoza ha rechazado el acuerdo de conciliación ofertado en sede judicial en torno a la demanda interpuesta por el ayuntamiento de la ciudad para reclamar la propiedad pública de la Iglesia de la Magdalena y del templo de La Seo.

Según informa en un comunicado el portavoz de la archidiócesis, José Antonio Calvo, los argumentos esgrimidos por el consistorio para instar la anulación de la inmatriculación de ambos inmuebles en el registro de la propiedad a favor de la iglesia carece de "rigor legal".

"Esta falta de rigor legal -subraya- nos hace pensar que la finalidad perseguida es puramente ideológica y propagandística, teniendo como fin erosionar la imagen de la Iglesia Católica y, en concreto, de la Archidiócesis de Zaragoza".

Antes de la celebración del acto de conciliación, desarrollado en el Juzgado de Primera Instancia nº 21 de Zaragoza, los representantes legales han propiciado la corrección del contenido del decreto de convocatoria emitido por el juzgado, en el que se planteaba el reconocimiento de ambas iglesias como propiedad del consistorio y se solicitaba su reversión al municipio.

Una vez aclarado y corregido el motivo de la convocatoria, el representante de la archidiócesis, el letrado Ernesto Gómez Azqueta, ha dado a conocer los motivos por los que la iglesia rechaza la propuesta de conciliación.

Las fuentes citadas han señalado que el letrado del arzobispado ha destacado en el juzgado que el registro de ambos templos se llevó a cabo previa calificación del registrador, y que no se identifica en ningún momento la titularidad pública que se reclama.

Ha destacado, además, que el consistorio zaragozano no justifica en su demanda su legitimación para promover el proceso, y que la solicitud carece de argumento probatorio y de fundamentos jurídicos.

Ha añadido que la demanda no está acompañada de un informe previo del secretario municipal, que el letrado de la archidiócesis ha considerado "necesario" para la defensa de los bienes del ayuntamiento.

El rechazo del acuerdo de conciliación abre el proceso de tramitación de la demanda del consistorio frente al arzobispado de la ciudad.