Condenan a un excoronel de El Salvador por la matanza de seis jesuítas

El juez Manuel García Castellón ha enviado a prisión en espera de juicio al excoronel y exviceministro de Defensa salvadoreño Inocente Montano, entregado este jueves por Estados Unidos, porque participó "activamente en la decisión y el diseño" del asesinato de cinco jesuitas españoles en 1989.

Montano, que llevaba más de dos años en prisión en Estados Unidos esperando su extradición, seguirá en la cárcel en España procesado por cinco delitos de asesinatos terroristas y crímenes de lesa humanidad por su papel en la muerte de los jesuitasdurante la guerra civil en El Salvador (1980-1992).

García Castellón envía a prisión a Montano, de 74 años, al apreciar un "evidente" riesgo de que se fugue, ya que se le imputan delitos con penas de hasta nueve años de prisión y advertir en la causa contra él "motivos bastantes" para considerarlo responsable de los hechos.

El juez lo envía a prisión al apreciar un "evidente" riesgo de fuga

El juez destaca que documentos desclasificados de Estados Unidos, el informe final de la Comisión de la Verdad para El Salvador, testigos que han declarado a lo largo de la investigación y varias periciales ratifican la participación de Montano en los asesinatos.

Entre los religiosos asesinados estaban el vizcaíno Ignacio Ellacuría, entonces rector de la Universidad Centroamericana (UCA) e ideólogo de la Teología de la Liberación y que, según el juez, era el objetivo de la masacre que se ideó el 15 de noviembre de 1989 en diversas reuniones celebradas en la Escuela Militar y en los cuarteles del Comando Conjunto del Estado Mayor de El Salvador.

El magistrados afirma que las pruebas sitúan a Montano en esas reuniones, en las que el coronel Emilio Ponce dio la orden al coronel Guillermo Alfredo Benavides (también procesados pero no extraditados a España) de "asesinar concretamente el padre Ignacio Ellacuría y asegurarse de no dejar testigos", entre otros "civiles de gran relevancia intelectual y política".

Montano, dice el juez, fue uno de los líderes de La Tandona, una asociación de veinte oficiales en puestos claves del Ejército y del Gobierno de El Salvador "temida por anteponer sus intereses y los de sus miembros a los intereses del gobierno o de la propia institución militar".

Además, el excoronel tenía a su cargo la Radio Cuscatlán, emisora oficial del Gobierno que difundió días antes de los asesinatos "amenazas de muerte" contra Ellacuría y los jesuitas de la UCA, a los que acusaba de "ser terroristas" y el cerebro del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, es decir, la guerrilla que se oponía al régimen militar en el gobierno.

Según la investigación de la Audiencia Nacional, el motivo principal de su asesinato es que los jesuitas estaban ejerciendo de mediadores en el conflicto con la guerrilla y había asumido el liderazgo para presionar una negociación entre ambos que no convenía a los militares.

La matanza de los jesuitas la llevó a cabo el comando del Batallón Atlacatl

La matanza de los jesuitas la llevó a cabo el comando del Batallón Atlacatl, que irrumpió el 16 de septiembre de 1989 en el Centro Pastoral de la universidad de los jesuitas, les ordenó salir al jardín y tumbarse boca abajo en el suelo, donde aparecieron a la mañana siguiente sin vida y con varios tiros en el cuerpo.

Este "batallón de la muerte" acabó con la vida de cinco jesuitas españoles -Ignacio Ellacuría, Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio Martín Baró-, un salvadoreño -Joaquín López-, así como la cocinera Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años, ambas salvadoreñas.

La investigación en España solo se sustenta por el asesinato de los cinco españoles y es uno de los pocos casos de justicia universal que continúan su curso después de la última reforma legislativa que limitaba mucho estas causas.

En el caso de los hechos ocurridos en El Salvador, la causa persiste por considerarse que son hechos constitutivos de terrorismo.

El juez García Castellón ha citado a Montano de nuevo el próximo lunes a las 11.30 horas para que declare sobre los hechos de los que se le acusan.