El expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, imputado por el caso Púnica

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia, instructor del denominado caso Púnica en Murcia, Enrique Quiñonero Cervantes, ha citado para el próximo martes 6 de junio al expresidente autonómico Pedro Antonio Sánchez para que declare en calidad de investigado.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, el magistrado inicia así las diligencias previas para la averiguación de los posibles delitos de fraude a ente público, cohecho y revelación de información reservada por parte del aforado Sánchez, quién dimitió el 4 de abril pasado después de que en febrero el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco le atribuyese tales delitos.

Sánchez era en la fecha de los hechos investigados consejero de Cultura, en junio de 2014, momento en el que supuestamente buscó mejorar su imagen pública en internet a través de empresas relacionadas con el caso Púnica.

Según fuentes de su entorno, Sánchez había solicitado comparecer ante el juez para aclarar su vinculación con el caso.

En la exposición razonada de esta pieza separada de la Púnica, que investiga el juzgado central de instrucción 6 de Madrid, se dice que en 2014 había noticias negativas sobre Sánchez vinculadas a aspectos de corrupción urbanística por el caso Auditorio de cuando era alcalde de Torre Pacheco que afectaban a su reputación en un momento en el que optaba a suceder al entonces presidente Ramón Luis Valcárcel.

El delito de fraude a ente público se enmarca en el supuesto concierto entre los investigados en este caso Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso con Pedro Antonio Sánchez para trabajos de mejora de reputación de este último en internet.

El delito de cohecho se concluye porque los citados trabajos estarían facturados con dinero público para trabajos de carácter privado y que se pagarían con partidas destinadas a formación de la Consejería de Cultura, mientras que el delito de revelación de información reservada se estima porque se trasladó información de la administración autonómica que no podía ser conocida por la empresa con la que supuestamente iba a contratar Sánchez.