El Gobierno espera al Senado con la duda de qué hará el parlamento catalán

El Gobierno propondrá al Senado cesar al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y a todos los consellers, en aplicación del artículo 155 de la Constitución para restaurar el orden constitucional y el Estatut.

Rajoy ha comparecido en el Palacio de la Moncloa después del Consejo de Ministros extraordinario que ha aprobado las medidas que, al amparo del artículo 155 de la Constitución, se aplicarán para restaurar el orden constitucional en Cataluña.

Ha sido el propio Rajoy quien, arropado por sus ministros, ha comparecido en el Palacio de la Moncloa tras la reunión del Gobierno para informar de las decisiones adoptadas.

En ellas propone cesar a Puigdemont, a su vicepresidente, Oriol Junqueras, y a sus doce consejeros, y que el ejercicio de dichas funciones se encargue a los órganos y autoridades que cree o designe el Gobierno.

La idea inicial es que las competencias las asuman los ministros, aunque una vez que se aprueben las medidas en el Senado sería cuando el Gobierno haría un organigrama concreto y sin descartar que se cree un órgano colegiado para adoptar las medidas en su gestión como sustituto del actual Govern.

Rajoy asumiría en persona la competencia de disolver el Parlamento catalán y de convocar elecciones autonómicas, para lo que se da seis meses aunque espera que la normalidad se recupere antes y eso permita también acortar ese plazo.

Si se agotara, el control del Gobierno se prolongaría hasta el verano, porque los seis meses son para convocar comicios y, a partir de ahí, deberían pasar 54 días para acudir a las urnas (tal y como regula la ley orgánica del régimen electoral general) y, después se necesita un tiempo aún hasta la investidura del nuevo president.

El Gobierno también pretende limitar las funciones del Parlamento catalán para que no pueda proponer candidato a la Presidencia de la Generalitat ni votar una moción de censura.

Sus funciones de control recaerán en el Senado y no podrá adoptar iniciativas contrarias a la Constitución ni al Estatuto, mientras que el Gobierno tendrá un plazo de 30 días para ejercer su derecho a veto de las propuestas que se planteen.

La aplicación del artículo 155 permitirá que el Gobierno o el órgano que designe para ello, asuma, por ejemplo, el mando de los Mossos d'Esquadra.

Podrá dictar instrucciones directas y de obligado cumplimiento a los Mossos, acordar el despliegue de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña y sustituirlos si es necesario.

También se arroga el Ejecutivo la facultad de cesar y nombrar a los responsables de los medios de comunicación públicos catalanes para garantizar una información veraz y respetuosa con el pluralismo político.

El Estado podrá imponer sanciones disciplinarias a los funcionarios o personal laboral de la Generalitat que no acaten la aplicación del artículo 155 de la Constitución, sin perjuicio de ponerlo en conocimiento de la Fiscalía.

También se habilitará al Gobierno para asumir todos los ingresos y gastos de la Generalitat y garantizar que "la totalidad de los fondos" no se destinen a actividades vinculadas con el proceso secesionista.

La votación del Senado para aprobar estas medidas será dentro de seis días y, ante la posibilidad de que puedan evitarse, por ejemplo, con la convocatoria la próxima semana de elecciones por parte de Puigdemont, el Gobierno subraya que ya no está en su mano.

"El artículo 155 sólo se puede paralizar si el Senado no lo aprueba", ha recalcado Rajoy.

A la cámara alta está obligado el Gobierno a informar cada dos meses de la evolución de la situación, y también podrá plantear en ella las "modificaciones o actualizaciones" que considere oportunas respecto de las medidas inicialmente autorizadas.