El juicio de la huelga de controladores en 2010 comienza el miércoles

El miércoles comienza el juicio de los 133 controladores que hicieron huelga en diciembre de 2010 provocando el cierre del espacio áreo durante cerca de 20 horas, donde unos 600.000 pasajeros fueron afectados.

Según fuentes jurídicas, todos menos el entonces portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), César Cabo, han llegado a un acuerdo -cuyos detalles aún se desconocen- con el Ministerio Público, que en su escrito inicial pide multas de entre 60.000 y 75.000 euros, y que indemnicen, de forma conjunta y solidaria, a los viajeros en concepto de cancelación de vuelo y de otros gastos derivados que no se hayan reintegrado todavía. La Fiscalía reclama además que el ente público, Enaire, se haga cargo subsidiariamente de la compensación.

A pesar de que la USCA alcanzó un principio de acuerdo por el que se comprometía a abonar 15 millones de euros en indemnizaciones a los perjudicados para tratar de no llegar a juicio, el Juzgado de lo Penal número 18 de Madrid dará comienzo esta próxima semana a una vista oral que, según el calendario, durará 26 sesiones, la última prevista para el 18 de marzo.

Para la Fiscalía, "a consecuencia del abandono colectivo" de los acusados -funcionarios públicos- de sus puestos de trabajo se produjo el cierre del espacio aéreo en la región Centro-Norte y, por consiguiente, la cancelación de 1.352 vuelos entre el 3 y el 4 de diciembre de 2010, durante el puente de la Constitución.

"Dichas cancelaciones produjeron perjuicios al servicio público que presta AENA y a un elevado número de viajeros que perdieron el importe de sus reservas de avión y hotel, además de otros gastos de cancelación", añade.

La fiscal denuncia además cómo, entre las 17:00 y las 17:15 horas del día 3, un grupo de 59 controladores, "en una acción colectiva y concertada con el fin de paralizar la actividad aeronáutica al margen de cualquier negociación colectiva u otra vía legal", presentó a su responsable un documento "escrito de su puño y letra" en el que cada uno "a su manera" alegaba una disminución de capacidades psicofísicas para desempeñar su puesto.

En este sentido, apunta, el que prácticamente toda la plantilla prevista para ese turno entregara tal formulario, obligó a la dirección de AENA a reducir de forma progresiva la capacidad de los distintos sectores en los que se organiza el espacio aéreo.

Así, al comienzo del turno de noche tan sólo se presentaron 16 controladores de los 44 que estaban programados; la mayoría se encontraban, relata el escrito, en una asamblea convocada por USCA, sindicato mayoritario.

La situación se consolidó un día más tarde, cuando de los 73 que tenían que acudir a su puesto de trabajo, "sólo" lo hicieron 19, una estrategia que pretendía "mantener el cierre del espacio aéreo por falta de personal".

El Ministerio Fiscal pone de relieve que estas acciones, que se hicieron de manera "consciente", fueron coordinadas "al margen de cualquier convocatoria formal de huelga" por USCA, que por entonces intervenía en las negociaciones con AENA para el segundo convenio laboral del personal aeronáutico.

Por este motivo reclama en su escrito 75.000 euros y un año de suspensión de empleo a los siete miembros que bien formaban parte de la Junta Directiva del sindicato o eran miembros de su comité, una cuantía que se reduce a los 60.000 euros para el resto de acusados.

El origen del conflicto se remonta a enero de 2010, durante las negociaciones del convenio; tras acusarse mutuamente de negociar sin voluntad de alcanzar un acuerdo, en febrero el Gobierno aprobó un real decreto ley que devolvía a AENA la capacidad de gestión y control del tráfico aéreo, en manos de los controladores desde marzo de 1999.

En el proceso actual también están personados algunos afectados, como los que representa el bufete Cremades & Calvo Sotelo, que piden multas de más de 100.000 euros.

Este grupo de perjudicados solicita, además, que comparezcan como testigos el que fuera presidente de Aena Juan Ignacio Lema, y los exsecretarios de Estado Isaías Táboas y Constantino Méndez, de Transportes y Defensa, respectivamente.

Las fuentes confirman que al menos otras 50 acusaciones particulares se han apartado del procedimiento tras haber recibido su respectiva indemnización.