El pequeño Nicolás será juzgado este martes por calumnias al CNI

Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el pequeño Nicolás, será juzgado este martes por la querella que le interpuso el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tras asegurar que este organismo le había espiado ilegalmente, en la que es la tercera vez que se fija este juicio.

Para esta ocasión el Juzgado de lo Penal número 16 de Madrid ha fechado el juicio para las 9:30 del martes.

Se trata de la tercera vez que se ha fijado este juicio contra Gómez Iglesias, que ya fue condenado en 2016 a 4.320 euros de multa por un delito de calumnias y absuelto de injurias, si bien recurrió ante la Audiencia Provincial, que ordenó repetir el juicio el pasado 31 de enero por no incluirse la declaración en el plenario del excomisario Eugenio Pino, cuyo testimonio no fue aceptado.

Pero aquel día Gómez Iglesias entregó un informe psiquiátrico en el juzgado, al inicio de la vista oral, que dice que es inimputable, por lo que el juez Juan Bautista Delgado aplazó el juicio y ordenó que en el más breve plazo posible fuera evaluado por un especialista en psiquiatría.

El CNI se querelló contra el joven por un delito de injurias y calumnias a los ejércitos, clases o cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por las declaraciones que hizo en sendas entrevistas en el diario El Mundo y en el programa "Un tiempo nuevo" en Telecinco.

Los días 22 y 23 de noviembre de 2014, el pequeño Nicolás (que había sido detenido el 14 de octubre de ese mismo año), dijo en varias entrevistas que le habían avisado de que su teléfono había sido pinchado por el CNI ilegalmente y que le constaba que ese organismo utilizaba esas prácticas con otras personas cuando "alguien representa un problema para personalidades del Estado".

Además, aseguró que la vigilancia a su teléfono había durado dos meses y que era una conducta habitual porque también se había hecho con el periodista que le había entrevistado, Eduardo Inda.

El juzgado condenó al pequeño Nicolás pero meses después la Audiencia de Madrid anuló la resolución al considerar que se vulneró su derecho a una tutela judicial efectiva, causándole indefensión, porque no se admitió la declaración del excomisario, que considera "relevante y pertinente", al tiempo que ordenó repetir la vista oral con otro magistrado.

La Fiscalía pide nuevamente que se le condene a una multa de 5.400 euros (quince meses con una cuota diaria de doce euros).