Rajoy mira al Senado mientras que Puigdemont no contempla nuevas elecciones

El Gobierno propondrá al Senado cesar al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y a todos los consellers, en aplicación del artículo 155 de la Constitución para restaurar el orden constitucional y el Estatut.

Rajoy ha comparecido en el Palacio de la Moncloa después del Consejo de Ministros extraordinario que ha aprobado las medidas que, al amparo del artículo 155 de la Constitución, se aplicarán para restaurar el orden constitucional en Cataluña.

El presidente del Gobierno retrasará la reunión del Consejo de Ministros del próximo viernes para que se desarrolle una vez que el Senado haya dado su aprobación a las medidas acordadas ayer en aplicación del artículo 155 de la Constitución ante la actuación de la Generalitat.

En principio, la reunión del Ejecutivo estaba prevista para las diez de la mañana del 27 de octubre, la hora habitual en la que Rajoy cita cada viernes a sus ministros en el Palacio de la Moncloa.

Sin embargo, a esa hora ha fijado la Mesa del Senado el inicio de la sesión plenaria de esta Cámara en la que se debatirán y votarán las propuestas anunciadas este sábado por Rajoy y entre las que se incluye el cese del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; de su vicepresidente, Oriol Junqueras, y de todos sus consejeros.

El conseller de Presidencia, Jordi Turull, ha acusado al Gobierno de situarse "fuera de la ley" en la aplicación del artículo 155 de la Constitución y ha afirmado que en estos momentos "no está sobre la mesa" que el presidente catalán, Carles Puigdemont, convoque elecciones.

En una entrevista en la emisora de radio RAC 1, Turull ha apuntado que el pleno del Parlament que Puigdemont pidió convocar esta semana adoptará una decisión respetuosa con el "mandato del 1 de octubre" y en defensa de las instituciones catalanas, frente al anuncio de aplicación del 155.

"Cataluña será lo que decida el Parlament, el representante legítimo de los ciudadanos, no lo que decidan otros", ha añadido Turull, que cree que se trata de "un tema de dignidad institucional".