El Tribunal Supremo de Venezuela renuncia a atribuirse los poderes del Parlamento

La Justicia venezolana ha dado marcha atrás en su controvertida decisión que delimitaba la inmunidad parlamentaria y se arrogaba las atribuciones del Parlamento y anunció que la Cámara podrá volver a ejercer sus funciones, aunque solo si pone fin al desacato.

La oposición consideró, sin embargo, en boca del presidente del Parlamento, Julio Borges, que el "golpe de Estado" no se puede "corregir" suprimiendo una sentencia y anunció que seguirá llamando a protestas en la calle.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano informó a primera hora de la mañana través de un comunicado que "suprime" algunas partes de la polémica sentencia, dejando sin efecto la decisión de asumir las competencias del Parlamento.

El máximo tribunal del país canceló además la medida cautelar con la que facultaba al presidente Nicolás Maduro con poderes para evitar un "estado de conmoción".

Esta última medida facultaba al jefe de Estado a ejercer "medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes y necesarias para evitar un estado de conmoción".

El objetivo era atender la situación económica del país, con una norma que facultaba al presidente para "revisar" las normas y solicitar al Supremo su sanción y aprobación, ante el desacato y omisión legislativa del Parlamento.

La decisión fue anunciada después de que el Consejo de Defensa de la Nación, una instancia de consulta del jefe de Estado, exhortara al TSJ a revisar esas sentencias.

Maduro convocó a este Consejo con el objetivo de "resolver" lo que calificó de "impasse" que, a su juicio, surgió entre el Supremo y el Ministerio Público, derivado de la posición de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, quien dijo que las dos últimas sentencias del TSJ constituían una "ruptura del orden constitucional".

La decisión del Supremo venezolano de asumir las competencias de la AN originó en la oposición venezolana y en América Latina una fuerte reacción por parte de distintos países que condenaron de este dictamen, como en el caso de Perú que retiró a su embajador "definitivamente" y Colombia que lo llamó a consultas.

El presidente del TSJ, Maikel Moreno, se pronunció hoy por primera vez tras la sentencia y el comunicado en el que se enmendaba aquella y dirigió un mensaje al cuerpo diplomático acreditado en Venezuela.

"Tengan la plena seguridad, señores embajadores, que nosotros no haremos nunca nada que atente contra la estabilidad de este país, siempre van a ser las decisiones que tenga a bien indicar este TSJ (...) en beneficio de la paz, la tranquilidad y la democracia de nuestro país", dijo.

Moreno tildó de "ataques al Estado" las reacciones en contra de las sentencias y afirmó que es solo responsabilidad del Parlamento "reasumir" sus funciones acatando las decisiones del Poder Judicial.

Aseguró también que el Poder Judicial "no demostrará pasividad ante los ataques de los cuales pudiéramos ser objeto por parte de factores nacionales e internacionales que hoy se alzan con una vocería tendenciosa y desconocedora de la soberanía nacional".

El máximo tribunal venezolano ha declarado al Parlamento venezolano en desacato desde el año pasado por el incumplimiento de varias sentencias.

Esta situación se remonta a inicios de 2016, cuando el Parlamento tomó la decisión de incorporar a tres diputados de Amazonas suspendidos por una investigación de fraude en las elecciones de ese estado.

El TSJ ha declarado desde entonces "nulos" e "ilegales" todos los actos del Legislativo.

En su pronunciamiento de hoy, Moreno aseguró que el Supremo "no ha despojado al Parlamento de sus funciones, así como tampoco lo han disuelto o anulado".

Además, destacó que "reconoce la inmunidad parlamentaria como una garantía de la función legislativa con las limitaciones que establece el texto constitucional".

Señaló, asimismo, que las decisiones tomadas en resguardo del orden constitucional "implican la adopción de medidas destinadas a garantizar el funcionamiento eficaz de la institucionalidad democrática del Estado y la protección del Estado".

Tras la decisión del Supremo de dar marcha atrás a sus dos últimas sentencias, la fiscal general no se ha pronunciado aunque Maduro aseguró que el choque institucional había sido superado "exitosamente" gracias a su "rápida" actuación.

"Así debe ser, cada país debe resolver sus problemas, nadie debe meterse en los asuntos de otros países", recalcó.