2 años para aterrizar el Pacto Europeo de Migración y Asilo

Al igual que todos los países comunitarios, España dispone de 2 años para aterrizar en el recién aprobado Pacto Europeo de Migración y Asilo. Implicará cambios legislativos que dificultarán la llegada de refugiados y migrantes en todo el continente. Según los expertos consultados por COPE y tras años de discusión la seguridad, el bloqueo y el control de quienes llegan a nuestras fronteras ha primado sobre la acogida, la inclusión y la solidaridad.

Aprobadas el pasado 10 de abril en el Parlamento Europeo, las nuevas reglas que deberán regir en el futuro la política migratoria y de asilo de la Unión Europea buscan unificar las dispares políticas migratorias en los estados miembros al tiempo que suponen un endureciendo las condiciones de entrada y de devolución.

Se ha llegado a ellas después de casi una década de trabajo y de discusiones por las profundas diferencias entre los distintos países sobre cómo debe gestionarse la migración y lo cierto es que el texto finalmente acordado no satisface plenamente a nadie.

Para la extrema derecha no es lo suficientemente restrictivo y para la izquierda y parte del centro político europeo va demasiado lejos y restringirá aún más los derechos de los migrantes.

“En la balanza ha pesado mucho más la seguridad que la solidaridad. El objetivo es claramente limitar los flujos migratorios y la entrada de personas y su circulación en el territorio comunitario y esto puede afectar al derecho de asilo. El gran fracaso es que se basa en las premisas equivocadas tanto de gestión como de respeto a los derechos humanos. Todo se apoya en el rechazo rápido y en frontera de quienes no cumplen los requisitos para ser considerados refugiados, pero la experiencia ha demostrado que esto es imposible incluso reforzando la financiación. Actualmente la Unión Europea logra retornar a menos del 20 por ciento de quienes piden asilo (por la falta de acuerdos con los países de origen entre otros motivos)”, explica a COPE Francesco Pasetti, investigador principal del área de migraciones del CIDOB.

Ni mayor protección para los refugiados ni efecto disuasorio

3.711 personas perdieron la vida tratando de cruzar las fronteras de la Unión Europea y otras 286.000 llegaron de forma irregular al territorio comunitario en 2023 según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Es la cifra de llegadas más alta desde 2016, el 55 por ciento de ellas fueron a Italia, casi el 20 por ciento a España, el 16 por ciento a Grecia y el 6 por ciento a Bulgaria.

También las devoluciones están en máximos: la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (FRONTEX) devolvió en 2023 más migrantes en situación irregular que nunca, más de 39.000 personas, un 58 por ciento más que en 2022. El 45 por ciento de esas devoluciones fueron forzosas y el resto incentivadas por diferentes vías. Las expulsiones de FRONTEX son el 36 por ciento del total de las que se llevan a cabo en la Unión Europea, un total de 109.000 de las 430.000 que se ordenaron.

A juicio de Pasetti, “el Pacto no tendrá el efecto disuasorio que busca porque las medidas cada vez más restrictivas que se han ido implementando tampoco la han tenido hasta el momento y porque aunque nos estén vendido que hay una emergencia migratoria, la situación más que de crisis es estructural. Refugiados y migrantes seguirán llegando pero en condiciones cada vez más peligrosas para ellos”.

Solo el año pasado las llegadas irregulares por vía marítima y terrestre a España se dispararon un 82 por ciento con respecto a 2022 hasta situarse en 57.000 llegadas irregulares debido al récord de Canarias a donde llegaron más personas en 2023 que a toda España en 2022. Unos flujos migratorios a los que hay que sumar en el caso de nuestro país los que llegan procedentes de Latinoamérica en avión que es la vía más concurrida.

¿Cuál es la letra pequeña de lo acordado?

-Se refuerza el control exterior de las fronteras. Potencia el rol de Frontex, la agencia de la Unión Europea encargada de vigilar las fronteras, como principal agente de control fronterizo y agiliza los trámites para resolver las solicitudes de asilo con procedimientos rápidos que permiten la devolución en frontera y sigue la tendencia de externalización que ya se está aplicando buscando la colaboración con los países de origen y tránsito para controlar los flujos migratorios y luchar contra el tráfico de personas.

-El Pacto afecta al proceso de asilo. Establece un protocolo común en todo el territorio europeo que los Estados miembros deben seguir cuando las personas buscan protección internacional. Se trata de agilizar la duración del procedimiento y de acelerar la deportación de los solicitantes de asilo rechazados.

-Centros de detención fronterizos. Una vez que lleguen a la frontera, los inmigrantes serán retenidos en centros de acogida donde se aplicarán controles de identidad, seguridad y salud así como tomas de huellas dactilares y otros datos, también biométricos, a la espera de la resolución de su solicitud, un trámite que podrá durar hasta 6 meses y el procedimiento es obligatorio para los Estados miembros cuando el solicitante tiene una nacionalidad con una tasa de reconocimiento inferior al 20 por ciento. Especialmente polémico ha sido el establecimiento de la toma de huellas dactilares y de imágenes faciales en menores a partir de los 6 años. Hasta 4 grupos de expertos de la ONU se han mostrado críticos con las detenciones temporales de migrantes por sus consecuencias sobre todo para los niños y también y con los procedimientos de retorno por considerar que eliminan salvaguardias esenciales.

-Solidaridad a la carta. Uno de los aspectos que mayor controversia ha suscitado es el principio de solidaridad obligatoria pero flexible que ha acabado permitiendo que los países eludan la responsabilidad de acoger inmigrantes a cambio de una compensación económica. Establece un reparto de 30.000 solicitantes de asilo por criterios de población y de Producto Interior Bruto (PIB) “hacia los países menos expuestos a las llegadas” pero que estos Estados podrán esquivar previo pago de 20.000 euros por cada persona que rechacen.

Es una medida que no contenta ni a los países de recepción que necesitan apoyo para reubicar a los migrantes ni tampoco a los países como Hungría o Polonia que abogan por un endurecimiento aún mayor del control en fronteras y consideran que la compensación económica es, en realidad, una sanción. El ministro español de Interior Fernando Grande-Marlaska considera que no es pagar para no acoger sino para contribuir a la política migratoria común. Unas cifras, las del fondo de compensación, que, según lo pactado, podrán incrementarse cuando sea necesario por ejemplo ante “una afluencia excepcional de nacionales de terceros países que provoque el colapso del sistema nacional de asilo”.

“Partir hablando de personas y del drama que conlleva un proceso migratorio y acabar repartiendo cifras y dinero en fondos de compensación implica un salto, un naufragio moral que supone una derrota moral de los principios básicos de la Unión Europea”, lamenta Xabier Parra director de Sercade y representante de la plataforma REDES que impulsa la regularización de las en torno a 500.000 personas que viven en situación irregular en España.

¿Ha logrado Europa un equilibrio entre solidaridad y seguridad?

La mayoría de los responsables europeos han calificado de histórico este pacto que se ha tardado casi una década en construir. Para la presidenta de la Eurocámara, además de lograr un adecuado equilibrio, lo acordado antepone la humanidad, algo que no comparten las Organizaciones No Gubernamentales que a diario acompañan a los migrantes y los refugiados que consideran que tendrá consecuencias catastróficas para las vidas de las personas, entre ellas menores de edad, que buscan seguridad y protección en Europa por avalar los rechazos en frontera y obstaculizar el acceso al asilo.

“La Unión Europea ha optado por dar una respuesta a las migraciones por medio del control, el bloqueo y respondiendo a la seguridad propia de los países y poniendo barreras que hacen peligrar la vida de los migrantes. No es propio de una Europa solidaria, abierta y que contribuya a resolver algunos de los problemas que los europeos estamos generando en otros lugares del mundo”, subraya Parra.

Uno de los principales objetivos del Pacto es sustituir el Reglamento de Dublín que establece que el primer país europeo al que llega un migrante es el responsable de gestionar su proceso de regularización o asilo, lo que supone una carga desproporcionada para los del sur (Italia, Grecia, España, Chipre y Malta) por un nuevo mecanismo que garantice un reparto más equitativo entre los países. Algo que choca de forma frontal con las políticas restrictivas que cada vez más países aplican en sus territorios.

“Ha primado lanzar un mensaje de que no vengan personas a la Unión Europea. Lo que queda por ver es cómo se va a implementar en cada país miembro, hay un plazo de 2 años en los que cambiarán las legislaciones nacionales y a partir de ahí es cuando realmente se empezará a aplicar. No es una buena noticia para los migrantes ni para los refugiados que a partir de ahí lo van a tener aún más difícil”, afirma Nuria Ferre, investigadora del Instituto de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas.

Tras la crisis humanitaria vivida en 2015 con la oleada de refugiados que huían de la guerra en Siria, los Estados miembros fueron perdiendo la confianza en la capacidad de la Unión Europea para gestionar la migración. Las instituciones europeas se jugaban su reputación. Desde entonces solo lograron acordar medidas de control fronterizo y de aligeramiento de los trámites de asilo para garantizar un procesos de devolución más rápidos.

Tras la luz verde del Parlamento Europeo, el texto aún debe recibir el visto bueno final también de los Estados miembros, algo que la presidencia de turno belga del Consejo de la Unión Europea prevé hacer a finales de abril. Aunque al existir un acuerdo previo, se trata de una acción teóricamente protocolaria, al tratarse de un tema tan complejo y en vísperas de las elecciones europeas de junio, no se puede dar aún el voto por garantizado y máxime con los precedentes de renegociación de último minuto sucedidos en los últimos meses.

Un acuerdo en el que ha pesado el calendario

Para la directora de Estudios Sociales de FUNCAS, María Miyar, lo aprobado está en línea con las medidas que se han ido adoptando en los últimos años en cuanto a que seguirá siendo el país receptor el encargado de gestionar el procedimiento de asilo y por profundizar en la externalización de las fronteras a países vecinos como Marruecos, Túnez o Turquía.

“Era importante llegar a un acuerdo antes de las elecciones europeas (que tendrán lugar entre el 6 y el 9 de junio) porque potencial avance de los partidos de extrema derecha en estos comicios lo hubiera dificultado. La aprobación lanza un mensaje de tranquilidad y aliviará además la tensión interna en algunos países europeos en los que los discursos anti-inmigración”, segura Miyar.

También Pasetti considera que la perspectiva electoral ha influido en lo que considera “un acuerdo a la baja que genera problemas tanto para el control migratorio como para los derechos humanos”.

A su juicio, “el futuro no hace pensar en una mejora del panorama con los cambios en las instituciones europeas tras las elecciones ni con la presidencia de turno que pronto va a corresponder a Hungría, Polonia y Dinamarca que son los países más restrictivos. Sin embargo, y al estar las medidas ya aprobadas, el margen para cambiarlas será menor y su labor estará sobre todo centrada en monitorizar su aplicación”.

¿Cuáles son las asignaturas pendientes?

Para los expertos consultados por COPE el Pacto ha sido una oportunidad perdida para abrir vías legales y seguras que ofrezcan a los migrantes una alternativa al tráfico de personas o las rutas de la muerte, tal y como defienden los acuerdos de Marrakech aprobados por la ONU en diciembre de 2018.

“Con estas políticas aumentarán por desgracia y previsiblemente las cifras de quienes mueren en el mar este 2024 porque tristemente no estamos haciendo nada para que esto no ocurra”, subraya Pasetti.

También echan en falta un mecanismo de reubicación más ambicioso capaz de dar respuesta a la presión migratoria en los países fronterizos con la Unión Europea.

“No se trata de cerrar las fronteras ni tampoco de abrirlas totalmente. Hay mecanismos y herramientas intermedias y ajustables para gestionar a quienes buscan un futuro en nuestras fronteras. La gestión de la migración no está siendo sensata, a muchos los necesitamos por motivos económicos y tampoco podemos dejar morir a la gente en el mar o descargar nuestra responsabilidad en países terceros autoritarios que no respetan los derechos humanos”, concluye Pasetti.