¿Los padres deben hacerle análisis de drogas a sus hijos menores?

En España los jóvenes comienzan a consumir alcohol y tabaco a los 14 años. A los 15, cocaína, cannabis, éxtasis y anfetaminas. Así lo recoge la última edición de la encuesta Estudes del Plan Nacional sobre Drogas, que señala que el 76% de los menores de entre 14 y 18 años consumió alcohol en 2017, mientras que el 35% fumó tabaco. El cannabis fue la droga ilegal más empleada, siendo utilizada por el 26% de los adolescentes.

A fin de advertir esta situación, el Parlamento de Canarias aprobó la semana pasada una proposición no de ley para que en las revisiones de pediatría que se realizan a los 14 años se incluyan controles de drogas si los padres lo piden expresamente. La iniciativa, del PP, que contó con el apoyo de todos los grupos a excepción de la abstención de Podemos, busca la “detección precoz” del consumo de drogas.

Su promotora es la diputada Astrid Pérez, que después de 20 años de ejercicio de la Abogacía ha visto "situaciones dramáticas" con menores en juzgados. "No solo en casos relacionados con el consumo, también con el trapicheo". La presidenta del PP de Lanzarote sostiene que con el análisis, los padres pueden ayudar a sus hijos a tiempo. Los "signos externos" que produce el consumo de tóxicos pueden manifestarse cuando ya es tarde, advierte.

Hay que desterrar el mito de que las drogas afectan exclusivamente a familias con bajos niveles socioeconómicos, también lastran a "familias estructuradas" que disponen de recursos económicos y formativos, señala Pérez. Con el análisis de drogas, los padres pueden advertir esta problemática acudiendo a la Seguridad Social, sin necesidad de recurrir a centros privados, apostilla. De este modo, se les da la posibilidad de que en las analíticas de sangre y orina que de forma normalizada se realizan en las revisiones de los 14 años, se incluyan pruebas de tóxicos.

La diputada es consciente de que los menores pueden negarse a someterse al análisis, que roza la delgada línea entre la prevención y la intromisión en su intimidad. Sin embargo, sostiene que esta situación "daría pistas" a los padres sobre qué está pasando. A su juicio, los datos ponen de manifiesto que algo está fallando en las campañas de sensibilización y los planes de choque contra la drogadicción.

¿PREVENCIÓN O INTROMISIÓN?

Carlos Ruiz Miguel, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela, sostiene que el ordenamiento jurídico permite "limitaciones o intromisiones" en el derecho a la intimidad de los menores. A priori, no pueden oponerse a los análisis de tóxicos ya que teniendo el derecho a la intimidad corporal, quienes lo ejercen en su nombre son sus representantes legales. Es ahí donde entra en juego la obligación de los padres de velar por el interés superior de los menores, argumenta.

"Si la dirección de un centro educativo tiene motivos justificados para pensar que en sus instalaciones se está traficando con drogas, es lícito que inspeccione las taquillas de los alumnos e, incluso, sus mochilas", advierte. Siendo esto así, los padres pueden hacer lo propio con los hijos cuando se someten a la revisión pediátrica de los 14 años.

El jurista señala que con 12 años un menor tiene que ser escuchado en un proceso de divorcio, con 14 puede hacer testamento o con 16 contraer matrimonio. Sin embargo, sostiene que no se puede hacer una interpretación extensiva de estas facultades porque son excepciones a la regla general expresamente recogidas en la ley.

LA OPINIÓN DE LOS PEDIATRAS

Félix Notario, pediatra y portavoz de la Sociedad Española de la Medicina de la Adolescencia, señala que las campañas para prevenir el consumo de drogas “no están dando los resultados esperados” vistas las conclusiones de los estudios. Considera que para revertir esta situación es fundamental “la educación” en el seno de la familia. “Los padres tienen que hablar con los hijos, fijarse en su comportamiento y reacciones, conocer las personas con las que se relacionan... Esto es muy importante para prevenir o detectar el empleo de drogas”, argumenta.

No obstante, se manifiesta a favor de los controles de tóxicos cuando los padres, después de hablar con sus hijos, albergan dudas sobre sus hábitos de consumo. Para ello, previamente los pediatras deben explorar a los menores e informarles de la prueba a la que van a ser sometidos, entre otras cosas, porque así lo dispone la Ley de Autonomía del Paciente.

En el mismo sentido se pronuncia Javier Ramos, pediatra con consulta en Rúa (Orense). A su juicio, no tendría sentido hacerle análisis de tóxicos a todos los menores de 14 años porque no todos consumen. Los efectos de una prueba obligatoria serían más perniciosos que favorables porque la relación de confianza entre padres e hijos se rompería, argumenta. Por ello, está de acuerdo con su práctica siempre que lo aconseje el caso concreto.

El portavoz de la Sociedad Española de la Medicina de la Adolescencia considera que lo que nunca debe hacerse en caso de que los resultados sean positivos es “criminalizar” y estigmatizar al menor. “No hay culpables, sino situaciones o entornos” que de un modo u otro empujan hacia el consumo. Aconseja, en estos casos, ponerse en contacto con los profesionales sanitarios para determinar la forma de atajar esta situación.