Un niño de París, grave tras abrir una boca de incendios para sofocar el calor
El menor fue proyectado varios metros por el géiser que produjo
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Un niño de seis años se encuentra gravemente herido tras haber sido proyectado varios metros por el géiser que se produjo al abrir una boca de incendios anoche en Saint-Denis. El golpe le provocó un paro cardio-respiratorio, y cuando llegaron los servicios de socorro pudieron darle un masaje cardiaco antes de llevarlo al hospital en un estado grave, lo que probablemente le ha salvado la vida porque esta mañana parece estar fuera de peligro.
El niño, de nacionalidad siria, se encontraba junto a la boca de incendios que fue abierta de forma improvista. « Este accidente ilustra de maniera bien dramática los peligros ligados a la apertura ilícita de las bocas de incendio », ha declarado el alcalde de Saint-Denis, Laurent Russier. La ciudad considera este fenómeno « particularmente preocupante », lo que les ha llevado a lanzar campañas de comunicación e instalar sistemas de seguridad en las bocas de incendio que se abren más a menudo, y ello « a pesar de la hostilidad de algunos vecinos, inconscientes de los peligros » que se corre, insiste Russier.
Esta costumbre de abrir las bocas de incendio viene de Estados Unidos y se ha implantado en algunos lugares de Francia desde 2015, ese año en las barriadas de París llegaron a abrirse hasta medio millar. El peor año fue 2017, en el que llegaron a abrirse 1192.
El Sindicato de Aguas de Ile-de-France alerta que, además de los cientos de miles de metros cúbicos de agua potable que se pierden, la apertura salvaje de las bocas de incendio provoca una caída de la presión y no puede utilizarse ese agua en caso de incendio. Sin contar con la inundación de calles, parkings y sótanos, o los riesgos de accidentes personales por electrocución o debido a la fuerte presión del agua que surge como un géiser de entre 5 y 6 metros de alto.
Este acto ilegal no está sancionado con ninguna medida, salvo lo que indica el código penal sobre la destrucción, degradación o deterioración de un bien de utilidad pública que puede ser castigado con hasta cinco años de prisión y 75.000 euros de multa.