Ingreso Mínimo Vital: "Es como una tarjeta revolving que empobrece más a las familias vulnerables"

Son datos que maneja la ONG ATD Cuarto Mundo que calcula que les reclamarán entre 3.000 y 30.000 euros de las ayudas. Son unas prestaciones que no reciben más que la mitad de las familias con derecho a percibirla y solo el 17 % de los hogares en pobreza severa. Ahora además, los beneficiarios deberán estar pendientes del buzón por si le reclaman parte de lo cobrado.

¿Tienes derecho al Ingreso Mínimo? Requisitos y la calculadora para saber lo que cobrarías

A veces simplemente porque se cambian de casa. En otras ocasiones porque uno de los hijos se emancipa, otra porque han tenido un trabajo temporal... eso significa para estas familias vulnerables la suspensión de la ayuda durante seis meses, y tener que volver a solicitarla pasado ese tiempo. 

La administración da la opción de devolver los cobros indebidos a plazos. Las familias que han mejorado su situación, lo hacen casi sin problemas, pero los que siguen siendo vulnerables se quedan sin el 70% de esa prestación. Si no lo devuelven a tiempo vienen los intereses y los embargos.

El Ingreso Mínimo Vital nación durante la pandemia, en 2.020 refundiendo muchas pensiones y ayudas que existían en aquel momento., con el objetivo de prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que no disponen de los recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas..

Según la AIREF (la autoridad independiente de responsabilidad fiscal), en julio del año pasado, 4 años después de su puesta en marcha, el 56% de los potenciales perceptores no la recibían, y solo llegó al 17% de los hogares en pobreza severa.

Una ley muy complicada “basada en la desconfianza”

La ley es tan complicada que ni siquiera las personas como Hontanares Harranz, trabajadora social y responsable de la ONG ATD Cuarto Mundo, es capaz de desentrañarla, nos confiesa, “y lo peor de todo-advierte Harranz- es que estas personas no conocen todas estas condiciones. Son tan complicadas las condiciones de acceso y mantenimientos de las prestaciones que incluso a técnicos que estamos acostumbrados a estas prestaciones nos cuesta entender que es lo que ocurre con determinadas situaciones cuando llegan las resoluciones de la administración. Es muy difícil”.

Una ley así “que no es sencilla, que no es comprensible, que no facilita a las personas ni su acceso ni su mantenimiento, que les genera deudas de miles de euros, está claro que tiene un fondo que no tiene sentido. Es que hay que cambiarla de cabo a rabo”.

Para Hontanares Harránz, el problema es de fondo, en primer lugar porque en 4 años ha llegado solo al 17% de la población que necesita esta ayuda, en segundo lugar porque complica mucho la vida a los que la perciben y en tercer lugar por lo que subyace en el texto “no confiar que las personas necesitan un apoyo para salir adelante, pero que quieren salir adelante, que no van a engañar, no van a estafar. La ley todo el rato establece una relación con el administrado que necesita la prestación como una persona que estafa!”.

Adriana: “me ha hecho más pobre que antes”

A Adriana le dieron de oficio el ingreso mínimo vital en 2.020, en plena pandemia. Ella no lo solicitó. Tenía una ayuda por hijo a cargo de menos de 200 euros al año y la explicaron que “por cobrar la prestación por hijo a cargo” le correspondía la ayuda que acababan de crear, y que sustituía a la que ella tenía derecho. Desde entonces ha sufrido una montaña rusa de concesión y retirada sin que ella mediase en ninguno caso. La propia seguridad social se lo concedía y se lo retiraba. Vive en Galicia con su con una hija de 12 años y con su madre tras volver de Venezuela donde era abogada. Ahora trabaja a media jornada en el servicio de ayuda a domicilio para dependientes.

“Yo no pedí nada. Yo vivía con mis padres, con mi hija y estaba teletrabajando, la única que trabajaba en casa y ellos nos empiezan a ingresar este dinero (algo más de 500 euros). Me mandaron una comunicación por SMS, pero no tenía a nadie a quien dirigirme, porque no podías llamar, no te atendían, porque estábamos confinados. Entendía que si ellos me lo dieron es porque yo reunía las condiciones”. De buenas a primeras, nos cuenta, se lo quitaron, y empezaron a reclamarle la devolución de lo cobrado. A finales de 2.023 le ingresan de más de tres mil euros, y le vuelven a conceder el IMV. En enero de 2024 le comunican por carta que no le corresponde, incluso que no debería haberlo cobrado ya en 2020, y que tienen que devolver más de 7.000 euros. 

El año pasado, a Adriana le ofrecieron fraccionar el pago de la supuesta deuda. Y aceptó sin discutir. Percibió 500 euros durante dos o tres meses y después empezaron a ingresarle 200. El resto era para devolver los cobros indebidos... hasta noviembre del año pasado. Está desesperada. “Esto me ha generado tanto estrés. Me lo quitaron otra vez... es que ya no lo quiero, no me interesa.. Hasta hoy, desde noviembre no sé qué va a pasar con esos pagos indebidos porque no volvieron a cobrar nada, no me volvieron a dar nada, vas a la Seguridad Social y ellos no tiene información.. Estos días me llegó una carta que dice que por las subidas mi ayuda del mínimo vital debería ser de 900 y pico de euros, pero que yo voy a percibir 70 euros al mes. No me los han ingresado tampoco”.

Adriana no reclamó. “Quizá fue un error-nos dice-pero yo no quería líos con la seguridad social”, y aceptó devolver los supuestos pagos indebidos de manera fraccionada.

“Es tal el descontrol de la administración-asegura Adriana-que lo que es´tan haciendo es aumentar el nivel de pobreza que había antes. En vez de mejorarte las condiciones las han empeorado. Esto es como un crédito, un crédito que tienes que devolver”.

Mª José: “Es como una tarjeta revolving”

En peor situación está Mª José. Esta andaluza pidió el ingreso mínimo vital. Tuvo que dejar de trabajar para cuidar a sus padres que enfermaron. Le conceden el IMV en julio de, se lo conceden en noviembre y le pagan atrasos, algo más de 2.300 euros. En 2022 lo cobré correctamente todo (unos 180 euros al mes porque no tiene hijos) y cuando llega diciembre le ingresan solo 90 euros. “No hay carta, no hay comunicación telemática, de ningún tipo”. Le reclaman ahora más de 4.000 euros de supuestos cobros indebidos. Dos veces le han reclamado. En total, más de 6.000 euros. “Ya llevo cobros indebidos en 2.021 por el 2.020, 2.022 por el 2021... si todo estaba bien, ¿dónde está el error? Corresponden a los atrasos que me pagaron”.

María José también lo achaca a la mala gestión por parte de la seguridad

Reclamación y doctrina Cakarevick

Reclamar a la administración es casi tan engorroso como entender los trámites. La primera reclamación hay que hacerla de manera individual a la seguridad social. “Tienen que hacerlo solos y es muy farragoso el proceso-explica la responsable de la ONG- nosotros hemos elaborado unos modelos que están colgados en la web de Cuarto Mundo para que las personas afectadas puedan rellenarlos y hacer esa primera reclamación”. Lo normal es que la Seguridad Social las desestime, pero con esa primera reclamación como base se puede acudir al juzgado de lo social.

De hecho, ya hay varias sentencias que dan la razón a las personas afectadas y les eximen de devolver el Mínimo Vital que les reclama la administración. Estas sentencias están basadas en la “doctrina Cakarevik” del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que viene a decir que si no hay mala fe por parte de las personas que reclaman y esa reclamación deriva de errores de la administración, no debe devolverlo.

Sin embargo, nos dice la trabajadora social, muchos colegios de abogados de oficio que dicen que esto no es aplicable “lo cual no entiendo por qué España ha firmado esos tratados internacionales y es un tribunal superior, con lo cual no entendemos muy bien esa sostenibilidad que están planteando algunos colegios de abogados”.

El propio defensor del pueblo ha pedido al gobierno que estudie esta doctrina y que suspenda cautelarmente las devoluciones de los pagos indebidos que en muchos casos “están reclamando a personas que la propia administración sigue considerando vulnerables porque siguen recibiendo la prestación”.

La ONG ATD Cuarto Mundo ha presentado también una reclamación colectiva ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos donde plantea que la ley no cumple la carta Social y le pide que mientras se pronuncia suspenda de manera cautelar estos cobros.

Mientras la espada de Damocles pende sobre las cabezas de estas 150.000 familias, el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y migraciones, con el que nos hemos puesto en contacto para conocer cómo están abordando el tema nos dice que: "En el Ministerio de Inclusión trabajamos, desde los inicios del IMV, para mejorar la situación de los hogares perceptores de la prestación y, en este sentido, como hacemos siempre, estamos valorando distintas posibilidades de mejora".