La mitad de las personas con discapacidad se sienten discriminadas

La eliminación de la palabra disminuidos para referirse a las personas con discapacidad en la Constitución Española es uno de los avances que nos deja este 2024. Pero hoy todavía estas personas siguen luchando por una inclusión real y tanto ellos como quienes les apoyan ven un amplio margen de mejora. De hecho, 1 de cada 2 europeos con discapacidad se sienten discriminados.

Para Nacho Herrero, de 52 años y con discapacidad física e intelectual, ciertas actitudes y enfoques sociales siguen sin estar a la altura. Explica en COPE que algunas de las formas de dirigirse a las personas con diversidad funcional no le gustan. Considera que es la falta de apoyo lo que impide una integración real de las personas con discapacidad.

“Donde no hay apoyos, el trato es diferente. Por suerte con los amigos y en el centro al que voy ahí si que tengo los apoyos que necesito. En medio de la calle no tengo esos apoyos y ahí es donde sí tengo dificultades”, explica Nacho, quien vive de forma autónoma junto con otras 3 personas con discapacidad en un piso tutelado de la Fundación Gil Gayarre

Al centro ocupacional de esta entidad acude a diario entre semana, salvo el jueves, día en el que participa en un programa de Radio Enlace en el barrio madrileño de Hortaleza. Hasta allí sabe llegar después de un entrenamiento previo que permitió a Nacho aprenderse el camino y la ruta del autobús correspondiente.

Junto a él en esta entrevista está de apoyo Eduardo Crespo que trabaja en la Fundación Gil Gayarre y le va a adaptando cuando es necesario las preguntas. Explica a COPE que Nacho “es una persona feliz y con ganas de vivir y de alcanzar unos sueños a los que no pone límites, que tiene una vida participativa y plena”.

Persisten tanto las barreras físicas como las mentales

Sin embargo, hoy todavía, 1 millón y medio de los 4 millones de personas que viven con algún tipo de discapacidad en España tiene dificultades para moverse en su entorno. Su inserción laboral también es más complicada que para el resto de la población así como el acceso al ocio e incluso a servicios básicos como los sanitarios o educativos. Barreras que sufren en mayor o menor medida 3 de cada 10 personas con discapacidad en nuestro país.

“Aunque la situación va mejorando todavía hay una discriminación muy evidente en temas de acceso al mercado laboral, por ejemplo, de acceso a los servicios sociosanitarios, al deporte o al ocio vinculados a entornos que limitan a las personas con dependencia. Muchas veces son esos entornos sociales, profesionales y familiares los que generan la discriminación”, explica en COPE el experto en discapacidad, Víctor Aragonés, al frente de Atención Integral a la Dependencia.

Casi 1 de cada 5 europeos con discapacidad carece de empleo; 1 de cada 3 están en riesgo de pobreza o exclusión; 1 de cada 5 abandona prematuramente la educación y el mismo porcentaje es víctima de violencia. La probabilidad de tener necesidades sanitarias insatisfechas es, además, 4 veces mayor que en la población general, según los últimos datos de Eurostat de 2022.

Falta formación e inversión para la integración real de las personas con discapacidad

A juicio de Aragonés, hay una mayor conciencia social en la necesidad de integración de las personas con discapacidad que hace unos años, pero “no va acompañada de una educación social que enseñe a la población en general a llevar a cabo esa integración”.

Se trata de ir transitando desde un modelo asistencial impulsado por la conmiseración a otro bastado en la atención centrada en la persona, su dignidad y libertad. Es el nuevo paradigma que establece la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada en 2006 por la Asamblea General de Naciones Unidas.

Se trata de empoderar y posibilitar que las personas con discapacidad sean protagonistas de su destino y parte activa de la sociedad en lugar de considerarlos sujetos pasivos de actos de beneficencia.

El lenguaje también cuenta

La reforma del artículo 49 de la Constitución, que entró en vigor el pasado 17 de febrero, es el reflejo de que, también en cuanto al lenguaje, las cosas, aunque lentamente, avanzan: “al eliminar los términos de disminuidos físicos, sensoriales o psíquicos que eran peyorativos y discriminatorios” pero, según Aragonés, “aún queda porque seguimos utilizando términos como dependientes como antes canceroso o sidoso que ahora están en desuso. Todavía se usan adjetivos para referirnos al colectivo de las personas con discapacidad”.

Ha habido debate en torno a la mejor manera de referirnos a las personas con discapacidad. En cierto momento se habló de personas con diversidad funcional (que considera que la discapacidad es una forma distinta de funcionar) pero algunos consideran que esta última expresión no refleja su condición al no hacer ninguna referencia a la discapacidad y que resulta, por ello un eufemismo.

Lo mejor, según explica Aragonés, es “si estás hablando con una persona concreta lo mejor es preguntarle por su preferencia sobre estos términos para referirse a su condición. Otra cosa importante es que la persona va por delante de cualquier otra referencia. Hablamos, por ello, de personas con discapacidad o personas en situación de dependencia porque potencia su identidad”.

Hace falta diferenciar además entre discapacidad y dependencia. La discapacidad es una afectación o algún problema o una situación en el cuerpo o en la mente que hace que no podamos interactuar como lo hace el resto de la población. La dependencia es necesitar ayuda o asistencia para realizar alguna actividad. A veces esa dependencia es coyuntural por ejemplo si vas en silla de ruedas al cuarto de baño todo va a depender de si hay una rampa o no. Es el entorno el que está generando o eliminando esa dependencia.

“Eliminar barreras, no hablo de barreras solo arquitectónicas sino también mentales permite construir sociedades más ricas y abiertas, más diversas e inclusivas. Abrir barreras consiste en generar situaciones que permitan desenvolverse a las persona con discapacidad. Si no se hace es porque evidentemente tiene un coste presupuestario pero también porque la concienciación social es lenta, por pasotismo, por falta de empatía y, a veces, por miedos que empiezan ya a diluirse por el número creciente de casos de dependencia que vemos a nuestro alrededor y que previsiblemente aumentarán por el envejecimiento de la población”, concluye Aragonés.