Compra una casa okupada en Cádiz, el okupa le pide 15.000 euros para irse y consigue echarle sin pagarle ni un céntimo

La provincia de Cádiz, conocida por su atractivo turístico y su clima privilegiado, enfrenta un desafío paralelo: el aumento de casos de okupación ilegal. Según datos recientes, la ocupación hotelera en la provincia superó el 82% en junio, con municipios como Chiclana y Conil liderando la demanda. Sin embargo, este boom turístico contrasta con una realidad menos visible: la tensión en el mercado inmobiliario, donde casos como el de Carlos Caballero en Sanlúcar de Barrameda exponen las grietas del sistema.

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Aunque no hay cifras oficiales actualizadas sobre ocupaciones ilegales en la provincia, fuentes policiales señalan un "preocupante repunte" en prácticas fraudulentas vinculadas a propiedades, como denuncias falsas o simulación de delitos para extorsionar a propietarios. Solo en Sanlúcar, la Policía Nacional ha investigado a diez personas en 2025 por delitos relacionados con fraudes inmobiliarios. Este contexto agrava la vulnerabilidad de dueños como Carlos, cuya odisea judicial refleja un problema sistémico.

 "Me pedían 15.000 euros para devolverme mi casa"  

Carlos Caballero, un sanluqueño que soñaba con disfrutar de un chalet de 250 metros cuadrados con piscina en Sanlúcar de Barrameda, nunca imaginó que su compra se convertiría en una batalla legal y emocional. Tras adquirir la propiedad hace dos meses, descubrió que estaba ocupada por dos individuos que, lejos de abandonarla, le exigieron 15.000 euros (rebajados luego a 11.000) como "compensación" por desalojar. "Fue un chantaje descarado", relata Carlos en declaraciones al diario El Debate.

La situación se agravó cuando los ocupas, representados por un abogado, intentaron legitimar su estancia con argumentos que Carlos denunció como coercitivos. "Me dijeron que tenían derechos, que el proceso de desahucio podía tardar años... Me sentí impotente", confiesa. Pese a las presiones, el propietario se negó a pagar y recurrió a la Guardia Civil, iniciando un tortuoso proceso para recuperar su hogar.

 El desenlace: una mudanza fraudulenta  

La tensión alcanzó su punto crítico cuando Carlos recibió un aviso de vecinos: los ocupas estaban sacando muebles y electrodomésticos de la casa. Al llegar al lugar, se encontró con dos personas desconocidas que afirmaban haber "comprado" la vivienda a los anteriores inquilinos. "Fue una farsa. Intentaban vender lo que no era suyo", explica. La rápida intervención de la Guardia Civil evitó que el fraude prosperara, aunque la propiedad ya había sufrido daños irreparables.

Al acceder al chalet, Carlos halló un escenario desolador: basura acumulada, paredes vandalizadas y electrodomésticos robados, incluido el termo eléctrico y la vitrocerámica. "Lo único positivo es que, al final, no tuve que pagarles ni un céntimo", recalca. La comunidad de vecinos, testigo del calvario, celebró su victoria con aplausos cuando los ocupas abandonaron el inmueble.

 Un sistema lento y una advertencia a compradores  

El caso de Carlos evidencia las carencias del marco legal frente a la ocupación. Aunque la Ley de Enjuiciamiento Civil permite agilizar desahucios en casos de allanamiento —como este—, la realidad es que muchos propietarios se ven obligados a negociar con los ocupas o esperar meses en tribunales. "Me sentí solo ante la ley", admite Carlos, quien critica la falta de recursos policiales para prevenir estos casos.

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Expertos inmobiliarios recomiendan verificar el estado de una propiedad antes de comprarla, especialmente en zonas turísticas como Cádiz, donde el alto valor del suelo atrae a estafadores. "Es crucial revisar registros y contratar un detective si hay sospechas", advierte un agente local.

Aún así, y pese a los daños, Carlos ha logrado recuperar su casa y ahora trabaja en su rehabilitación. Su historia, difundida por El Debate, sirve como advertencia y ejemplo de resistencia. "Lo importante es que no cedí al chantaje", concluye. Mientras, en Cádiz, la paradoja sigue: una provincia que brilla por su turismo pero lucha contra las sombras de la okupación.