Juzgados de familia para acabar con los juicios a dos velocidades de la periferia y las capitales

El divorcio, la custodia de los hijos, la herencia o la protección de las personas mayores o incapacitadas son algunos de los asuntos más delicados que se dirimen ante los juzgados. Sin embargo, pocos son especialistas en derecho de familia. De hecho, los jueces de la mayoría de los municipios españoles, que ejercen en los denominados juzgados mixtos, deben investigar tanto un delito como ordenar un desahucio, dictar una orden de protección en violencia de género o resolver una reclamación de dinero. Como consecuencia, se alargan decisiones tan urgentes como señalar una vista para que un padre o una madre pueda ver a sus hijos.

Desde hace algo más de dos años la Plataforma Familia y Derecho, que aglutina a magistrados, fiscales, abogados, procuradores, mediadores, psicólogos o trabajadores sociales, reivindica la creación de juzgados especializados en derecho de familia en todo el país. Actualmente, se estima que el 53% de los ciudadanos no tiene acceso a estos órganos judiciales, según cálculos de la Asociación Española de Abogados de Familia.

Y es que, de conformidad con el artículo 769 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de los procesos matrimoniales y de menores se ocupan grosso modo los juzgados del lugar en el que está el domicilio conyugal o la residenica del demandado. Es decir, en estos casos las personas no pueden elegir el juzgado al que someterán su disputa, sino que este viene determinado por la ley.

Como consecuencia, en función del domicilio de los ciudadanos, de su disputa conocerá un juzgado especializado en crisis matrimoniales, uno de primera instancia e instrucción, que son los llamados juzgados mixtos, o uno de primera instancia civil, que debe pronunciarse sobre una gran variedad de materias, además de las derivadas de los conflictos familiares.

VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA IGUALDAD

Esta situación comporta una vulneración del derecho a la igualdad de los ciudadanos, según denuncia la letrada Isabel Winkels, miembro de la Junta Directiva de la Plataforma Familia y Derecho y expresidenta de la Sección de Familia del Colegio de Abogados de Madrid. “Todos los ciudadanos no son iguales ante la ley porque según el lugar en el que vivas puedes tener una resolución en seis o siete meses o en un año y medio o dos años”, explica.

Así, por ejemplo, mientras que en ciudades grandes como Madrid, Barcelona o Sevilla existen juzgados de familia que se dedican exclusivamente a estos asuntos, en ciudades más pequeñas como Ponferrada (León), Palencia o Lugo solo hay juzgados mixtos o de primera instancia.

La letrada señala, además, que los juzgados de familia tienen más medios, como fiscales presentes en todas las vistas y equipos técnicos compuestos por psicólogos y trabajadores sociales. “El derecho de familia no es igual hoy que hace treinta y cinco años”, incide Winkels, que pone el foco en distintos factores como la internacionaliación de las relaciones o la aparición de nuevos modelos. Esta situación obliga a los operadores jurídicos a tener un mayor conocimiento del derecho debido a la vasta normativa implicada.

Por eso, la Plataforma Familia y Derecho propone la concentración de los juzgados especializados en infancia, familia y capacidad, sin necesidad de crear órganos nuevos, sino unificando partidos judiciales para que todos los ciudadanos accedan al juzgado especializado más cercano a su domicilio. De esta manera se descargaría a los restantes órganos de estos asuntos.

GRAN DIVERGENCIA DE MEDIOS

Y es que, como explica Natalia Velilla, magistrada de familia en Madrid y socia fundadora de la Plataforma Familia y Derecho, “las crisis familiares no son tratadas de igual forma en un juzgado de pueblo o periferia que en una gran población”. La diferencia de trato se refleja tanto en la “brutal divergencia de medios” destinados a unos y otros órganos judiciales como en “un exceso de inseguridad jurídica al resolver de forma desigual” supuestos semejantes.

“No es de recibo que un informe psicosocial tarde más de un año en ser emitido” en un juzgado mixto. “Tampoco debería normalizarse el hecho de que el fiscal no pueda asistir a algunos juicios de familia porque el destacamento carece de efectivos suficientes y tenga que priorizarse una actuación de la guardia o un juicio penal a una vista de medidas provisionales. Es inaceptable que los juicios de familia se tengan que celebrar apelotonados en un único día para facilitar la presencia del fiscal y para que el resto de días de señalamientos deban ser destinados a los procesos civiles ordinarios del juzgado”, lamenta Velilla, que antes de ejercer en un juzgado especializado en familia lo hizo en uno mixto.

A pesar de que los fiscales deben participar en los procesos de familia en los que existen menores o personas con discapacidad, la realidad es que en muchas ciudades se están celebrando estos juicios sin la intervención del Ministerio Fiscal, que no tiene profesionales suficientes. Los llamados fiscales ”de trinchera”, de los juzgados mixtos, también deben intervenir en los juicios por delitos leves (antiguas faltas), juicios civiles y otros procesos penales, donde colaboran en la investigación de asuntos contra Hacienda, el medio ambiente, la seguridad informática, etc.

SIN TIEMPO PARA DEDICARLE A LOS ASUNTOS

“En la práctica se está produciendo un trato desigual a los ciudadanos, en lo que a medios se refiere, según vivan en un partido judicial que tenga juzgados especializados en familia, juzgados de primera instancia o juzgados mixtos”, explica Escarlata Gutiérrez, fiscal de Ciudad Real y socia fundadora de la Plataforma Familia y Derecho.

La jurista señala que en los órganos no especializados muchas veces “coinciden en el mismo lugar de espera, el pasillo del juzgado, los progenitores con sus hijos menores; la persona con presunta discapacidad junto con su familia; y el denunciante, denunciado y testigos del juicio por delito leve. Además, si tienen atribuida la competencia en violencia de género, también puede ocurrir que el día que hayan señalado juicios civiles de familia haya algún detenido por violencia de género”.

La existencia de esta sobrecarga de asuntos “provoca que los distintos operadores jurídicos, aunque contemos con formación y experiencia en la materia, no podamos dedicar a los asuntos el tiempo y dedicación que cada uno merece”, lamenta Gutiérrez, que aboga así por la creación de los juzgados de familia.

LA ESPECIALIZACIÓN EN CLÁUSULAS SUELO

Recientemente, el I Congreso de la Infancia y Adolescencia, coorganizado por la Plataforma Familia y Derecho, el Colegio de Abogados de Madrid y el de Barcelona, ha propuesto un nuevo mapa judicial, de forma que a los 148 juzgados de familia existentes actualmente, más los 15 de incapacidades, habría que especializar 80 juzgados más hasta un total de 243. Y a estos juzgados adscribirles un fiscal y un equipo técnico, con acceso a mediadores o médicos forenses.

Para ello no habría que acometer profundos cambios en la normativa vigente. De hecho, en otras materias como las cláusulas suelo, el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas se han felicitado por especializar los juzgados en este tipo de cláusulas abusivas; un plan que arrancó en junio de 2017 y que se prorrogó el pasado diciembre.

Pese a ello, no existe constancia de que el Ministerio de Justicia que dirige Juan Carlos Campo se plantee a día de hoy la creación de los juzgados de familia. Pero los abogados aseguran que darán la batalla. "No hay protección a niños sin jueces especializados", ha declarado la Asociación Española de Abogados de Familia.

FUENTES CONSULTADAS: