Los responsables de la listeriosis podrían acabar en prisión

Tres personas han fallecido, siete mujeres embarazadas han abortado y 214 personas se han visto afectadas por el consumo de carne contaminada por listeria de la empresa andaluza Magrudis.  Expertos en Derecho Penal consultados por COPE señalan a la empresa sevillana, de la que salió la carne mechada contaminada, como la principal responsable legal del brote de listeria. Se enfrentarían a penas de prisión de uno a cuatro años y sanciones millonarias.

La responsabilidad legal en este caso se determinará de la investigación abierta por la Fiscalía Superior de Andalucía tras las denuncias presentadas por la Asociación del Paciente y de la Asociación Justicia por la Sanidad. Además, la Fiscalía de Sevilla ha decidido cerrar las investigaciones que había iniciado por el brote de la listeriosis y trasladar la investigación al Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla para unirlas a las que que mantiene abiertas presentadas por tres particulares afectados. De confirmarse en estas investigaciones que Magrudis cometió un delito contra la salud publica y la higiene alimentaria, se enfrentaría a una sanción millonaria.

Javier Gómez Lanz, profesor de Derecho Penal de la Universidad Comillas-ICADE explicaba en COPE que “estaríamos hablando de indemnizaciones que podrían llegar a los 150.000 euros si se prueban los delitos de homicidio por imprudencia para los tres fallecidos. El caso de las siete mujeres que tuvieron que abortar está todavía por concretar cual sería la indemnización y el pago que tendría que efectuar la empresa para los afectados que han sufrido la infección en menor grado sería siempre de menor cuantía”. A esto tendríamos que añadir una posible sanción de hasta 600.000 euros y una pena “de uno a cuatro años de prisión, añadía Gómez Lanz, por un delito de lesiones e incluso de homicidio por imprudencia ”.

Por su parte, el profesor de Derecho Penal de la Universidad de Navarra, Eduardo Ruíz de Erenchu, analizaba en COPE este tipo de indemnizaciones para las que “los jueces utilizan el baremo empleado también para los afectados por accidente de tráfico”. Ruiz de Erenchu recordaba que la mayoría de las empresas cárnicas tienen un seguro que se haría cargo de estas cantidades millonarias pero, “si Magrudis no lo tuviera sería su ruina”.

Además, el profesor de la Universidad de Navarra cree que “ tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Sevilla estarían libre de cualquier tipo responsabilidad legal si se demuestra que la empresa cárnica ocultó o falseo la documentación sobre las inspecciones sanitarias o los niveles de control de la empresa”.