FAADA y AnimaNaturalis piden pena máxima para los responsables de Vivotecnia

La Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA) y la organización de defensa animal AnimaNaturalis han pedido la pena máxima para los responsables de Vivotecnia, un laboratorio con sede en Madrid acusado de maltrato animal.

El proceso comenzó hace casi dos años, cuando la organización Cruelty Free Internacional (CFI) difundió las imágenes de un vídeo que mostraba el supuesto maltrato y la extrema crueldad a la que son sometidos los animales en este laboratorio madrileño dedicado a la investigación farmacéutica.

El vídeo mostraba cómo los animales son objeto de abusos verbales y físicos de forma rutinaria y reflejaba malas prácticas realizadas en los experimentos.

El pasado 22 de diciembre, FAADA y AnimaNaturalis presentaron un escrito de acusación contra los trabajadores de Vivotecnia y contra la empresa que presuntamente permitió el maltrato.

En el escrito, las entidades piden la máxima pena para los responsables y solicitan un año de prisión para los acusados además de la inhabilitación para el ejercer cualquier profesión, oficio o comercio relacionado con animales, así como para su tenencia, durante 3 años, por cometer un delito continuado de maltrato animal tipificado en el artículo 337 del Código Penal.

Además, en un comunicado, ambas entidades recuerdan que uno de los perros de raza Beagle que aparecían en el vídeo fue decomisado provisionalmente y ahora se encuentra en una protectora de animales.

FAADA y AnimaNaturalis han pedido que el decomiso sea definitivo, que el responsable de su maltrato sea condenado por un delito de maltrato y que indemnice a la protectora que está velando por su bienestar, por todos los gastos derivados de su atención veterinaria y su manutención.

En paralelo a este proceso penal, FAADA presentó una denuncia administrativa para que se incoara un expediente sancionador a los responsables.

Aunque la Comunidad de Madrid resolvió el expediente sin notificar nada a la entidad, ahora el Defensor del Pueblo se ha pronunciado ratificando el derecho de la entidad a acceder a toda la información del expediente sancionador y requiriendo al departamento competente de la Comunidad de Madrid para que de traslado de las actuaciones y FAADA pueda pronunciarse al respecto.

"Desde las entidades garantizamos que no dejaremos de trabajar para conseguir que este escandaloso caso de maltrato no quede impune y para evitar que se vuelvan a repetir hechos como este", asegura la abogada de FAADA, Anna Estarán.