El Gobierno aprueba mañana la nueva ley de la ciencia

El Consejo de Ministros aprueba mañana el proyecto de ley de la ciencia que busca mejorar la carrera profesional, dotarla de mayor estabilidad, reducir las cargas administrativas y reforzar la transferencia de conocimiento.

Además, la reforma, en una disposición adicional, garantiza la financiación pública estable en I+D+i y su crecimiento hasta alcanzar en 2030 una inversión del 1,25% del PIB -ahora está en el 0,58 %-, acorde a las metas marcadas por la Comisión Europea y tal y como se recoge en el borrador del pacto por la ciencia.

El texto modifica la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de 2011 y llega a la mesa del Consejo de Ministros tras la finalización del trámite de audiencia pública, en el que asociaciones, sociedades científicas e investigadores a título individual han presentado más de 4.000 comentarios.

Muchos tratan sobre la indemnización a los predoctorales por finalización de contrato, confirman a Efe fuentes del Ministerio de Ciencia e Innovación.

Tras la aprobación mañana se iniciará su trámite parlamentario, donde el Gobierno espera recabar "el máximo de los consensos".

Uno de los objetivos principales de la nueva norma es mejorar la carrera profesional, para lo que introduce una nueva modalidad contractual laboral indefinida vinculada al desarrollo de actividades científico-técnicas para todo tipo de personal de investigación.

Este contrato no necesitará autorización previa si dispone de financiación externa o de convocatorias de concurrencia competitiva.

Se diseña, además, un nuevo itinerario posdoctoral que busca reducir la edad de entrada al sistema y facilitar la incorporación estable.

Una de las principales novedades de los contratos posdoctorales es que los investigadores serán supervisados a partir del segundo año de trabajo, una evaluación que servirá para promocionar o mejorar su salario pero no para ser despedido.

El proyecto también contempla medidas para los científicos más jóvenes -doctorandos o investigadores predoctorales-, a los que reconoce el derecho a la indemnización por despido de 12 días de salario por año trabajado.

Este derecho, tal y como confirmó recientemente la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, será también para los contratos vigentes a la entrada en vigor de la nueva ley.

El texto apuesta asimismo por reforzar la transferencia de conocimiento y, entre otras medidas, reconoce que las actividades de transferencia de resultados de investigación deberán considerarse un concepto evaluable a efectos retributivos y de promoción.

CRÍTICAS AL ANTEPROYECTO

La Confederación de Sociedades Científicas de España valora que se reforme la ley de 2011, pero señala que el texto desaprovecha la oportunidad de dotar al país de un instrumento imprescindible para el progreso y alcanzar el nivel de compromiso necesario con la ciencia.

En su informe enviado al portal de participación pública, indica que la ley debería proporcionar a los centros de investigación un marco de gestión coherente con su actividad y dotar al sistema universitario de una política unificada en cuestiones tan sensibles como la gestión de personal.

Diversos investigadores han criticado uno de los puntos del artículo 23 del texto sobre los méritos investigadores -que computan en la retribución salarial- por dejar fuera de este cálculo la actividad que realizan los científicos españoles en el exterior.

En concreto, por no contemplar esta actividad en los quinquenios (evaluación por un período de cinco años), lo que supone -dicen- una "penalización efectiva y explícita hacia la movilidad de los investigadores, que va en contra del espíritu de la propia ley".

Según el texto del anteproyecto, el personal investigador funcionario de carrera puede someter a evaluación la actividad realizada en un organismo público de investigación (OPI) cada cinco o cada seis años (se evalúan distintos criterios dependiendo del período), consolidando -de ser favorable- complementos específicos.

Son los llamados quinquenios y sexenios; estos últimos suponen una evaluación más exhaustiva de la carrera investigadora del científico.

En la revisión de cara a la aprobación mañana en el Consejo, la evaluación de los quinquenios se ha hecho extensible a todas las entidades científicas públicas, no solo para los OPI como al principio indicaba el texto.

En cuanto a incluir los méritos alcanzados en centros extranjeros para conseguirlos, el Gobierno lo está analizando.