Ecologistas y juristas piden medios económicos para el desarrollo de las ZBE

Contar con medios para la creación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en los municipios antes de 2023 resultará fundamental para su éxito, según expertos del ámbito de la conservación y jurídicos consultados por EFE, cuando está a punto de concluir el periodo de información pública del Real Decreto que las regulará.

Por ello, el abogado de Greenpeace José Manuel Marraco cree necesarias tanto una memoria económica para la ejecución del Real Decreto como una difusión que lo exponga de cara a la ciudadanía.

Lo mismo opina la vicepresidenta de Juristas contra el Ruido, María José Rodríguez, que por ejemplo ve positiva la monitorización y el seguimiento de niveles sonoros en estas zonas, contemplados en el artículo 9 del Real Decreto, pero a su vez afirma que "hay que presupuestarlo, acordarlo, ver el coste económico y cómo se va a implantar".

Marraco ha criticado que debido a "las circunstancias de la pandemia, todo lo ambiental está quedando en un segundo plano", entre otras cosas las ZBE.

Para Carmen Duce, responsable confederal de Transporte de Ecologistas en Acción (EeA), "ya no hay que explicar mucho más la evidencia científica que hay detrás del análisis de la crisis climática", ya que "nos estamos enfrentando a uno de los problemas más graves que tenemos como civilización y el transporte en general es uno de los sectores que más contribuye al cambio climático".

Hasta ahora, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha desarrollado unas 'Directrices para la creación de ZBE' con el objetivo de hacer de guía a los diferentes ayuntamientos.

Duce ha definido el Real Decreto como necesario, y ha insistido en que las directrices presentadas son un "primer paso", pero ha asegurado a su vez que los ayuntamientos necesitan una guía mucho más clara, porque "son 149 las ciudades que están obligadas a poner en marcha sus ZBE, hasta ahora lo que había eran unas guías bastante laxas y vemos que el calendario es el que tenemos".

Por su parte, el responsable de Movilidad de Greenpeace, Adrián Fernández Carrasco, ha aseverado que la ley de Cambio Climático "deja muy abierto el concepto y hace falta un nivel más de detalle dentro de la legislación que especifique cuándo una zona de bajas emisiones es válida o no"; a su vez, valora positivamente el Real Decreto por marcar unos objetivos para las ZBE y por fijar unos criterios alineados con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

Tanto EeA como Greenpeace presentan alegaciones al documento, coincidiendo en ambos casos la referente al etiquetado de los vehículos de la Dirección General de Tráfico (DGT), duramente criticado tanto por Duce como por Fernández Carrasco; los dos han insistido en que tiene una serie de carencias, entre las que se encuentran no contemplar las emisiones de CO2 de cada automóvil y hacerlo solamente con las de NO2 y las partículas.

Desde Juristas contra el Ruido también han criticado que los objetivos de ruido de las ZBE se remitan a los de calidad acústica de la legislación vigente, los cuales han definido como "obsoletos" por no ajustarse a lo que marca la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Adrián Fernández Carrasco también ha explicado que el Real Decreto habla de la mejora del espacio público como una consecuencia de la creación de las ZBE, cuando debería ser un objetivo más: "Si haces una ZBE que limite el acceso a los vehículos sin etiqueta pero no haces nada más, tendrás coches más limpios, pero no tendrás menos coches", que en su opinión es de lo que se trata .

No obstante, la responsable confederal de Transporte de EeA ha valorado como "muy interesante" la mejora del transporte público y la reducción de plazas de aparcamiento; también ha incidido en que se debe hacer más hincapié en la creación de Zonas de Especial Protección en áreas cercanas a escuelas, residencias de ancianos y hospitales, para lograr una reducción de la movilidad en ellas.