Teresa Ribera, sobre Doñana: "Ni media hectárea más reconocida como regadío"

La ministra de Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, se ha reafirmado este martes en su rechazo al proyecto de ley para regularizar regadíos en el entorno de Doñana, y ha dicho que la posición del Gobierno se mantiene: "ni media hectárea más reconocida como regadío".

A su llegada al sevillano Palacio de San Telmo para reunirse con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a una semana de que el Parlamento autonómico afronte el debate final de la ley, Ribera ha dicho a los periodistas que es necesario trabajar "en la búsqueda de alternativas que no pongan en riesgo Doñana, pero que permitan el desarrollo social en el territorio, que es muy importante".

"Confío en que la reunión vaya bien, que efectivamente consigamos sumar fuerzas", ha dicho, a la vez que ha señalado que "no necesitamos ir a ningún tribunal para que nos diga que las administraciones debemos trabajar por salir adelante en Doñana, cerrando ese procedimiento de infracción que todavía está abierto en la Comisión Europea y esa amenaza de la Unesco".

Además, ha abogado por trabajar juntos "para encontrar soluciones y alternativas para el territorio", pero "la postura del Gobierno pasa por que no haya ni media hectárea más reconocida como regadío", ha recalcado.

Ha considerado que el plan de la Corona 2014 "fue un proceso enormemente complicado que encontró un punto de entendimiento común por parte de todos y es de donde no nos debemos mover, y, en efecto, hay que buscar alternativas para el territorio".

El proyecto de ley prevé que unas 700 hectáreas de regadíos que se encuentran en estos momentos fuera de la ordenación puedan regularizar su calificación urbanística y con ello tener acceso a agua para riego cuando haya disponibilidad.

La disponibilidad queda condicionada a la obtención de los derechos del agua, que dependerá de que haya recursos y de obras hidráulicas pendientes de ejecución, aunque la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), dependiente del Gobierno central, ha dejado claro que no hay agua en mitad de la peor sequía en décadas y que no hay excedentes de los trasvases previstos, por lo que los regantes tendrán suelo catalogado como cultivable, pero no tendrán agua.

A esta polémica se ha unido en las últimas fechas la solicitud a España por parte de la Unesco de que antes del 1 de diciembre de 2024 envíe un informe actualizado sobre el estado de conservación de Doñana y que implemente "con urgencia" medidas de protección, además de pedir el cierre de todos los pozos ilegales y expresar "su máxima preocupación" por esta proposición de ley.