“La respuesta que está dando el Gobierno es jurídica y política”
El catedrático en derecho constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos, José Manuel Vera Santos, explica en ‘La Linterna’ la decisión del Gobierno de mantener el recurso ante el Tribunal Constitucional contra la candidatura de Carles Puigdemont.
Madrid - Publicado el - Actualizado
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El Consejo de Estado no cree que este sea el momento para impugnar ante el Tribunal Constitucional la candidatura de Carles Puigdemont a la presidencia de la Generalitat.
Así lo ha asegurado este órgano consultivo después de que el Gobierno de Mariano Rajoy le haya solicitado un informe preceptivo, no vinculante, para poder iniciar un proceso de impugnación.
Ante el comunicado del Consejo de Estado, el Gobierno ha anunciado su intención de continuar con el recurso contra la candidatura del expresident.
“El supremo intérprete de la Constitución es el Tribunal Constitucional. El gobierno tiene la capacidad (…) para impugnar esa decisión y decide hacerlo. Cada uno, en un estado de derecho cumple con su tarea”, ha explicado en ‘La Linterna’ Vera Santos.
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En la entrevista que ha mantenido este jueves con Juan Pablo Colmenarejo en ‘La Linterna’, también ha hecho referencia a la reacción de algunos líderes independentistas a la respuesta del Consejo de Estado, incluido Carles Puigdemont: “Me sorprende que pidan la dimisión de la vicepresidenta del gobierno por el uso absolutamente legal, racional, dentro del ordenamiento jurídico que es la utilización del 161.2 de la Constitución, que permite que el gobierno pregunte al Tribunal Constitucional si es, o no, constitucional una resolución de una comunidad autónoma”.
El catedrático ha recordado que, en caso de que el Tribunal Constitucional aceptara a trámite el recurso presentado por el Gobierno, la investidura de Puigdemont quedaría suspendida: “O bien el señor Torrent se echa al monte como han hecho sus antecesores y dice que quiere continuar con la sesión de investidura o se suspende esa sesión”.
José Manuel Vera Santos ha señalado que el Tribunal Constitucional tiene un plazo de 5 meses para resolver la cuestión “aunque me imagino que lo resolverá con mucha mayor celeridad”.