ALMERÍA

Junta impone cinco sanciones en tres años a viviendas turísticas que funcionaban de forma "clandestina"

Desde 2017 se han resuelto 20 expedientes en relación con viviendas con fines turísticos, con una sanción global que ha alcanzado los 9.700 euros.

Ayto Almería

Redacción digital

Madrid - Publicado el - Actualizado

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La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Turismo, ha impuesto durante los últimos tres años un total de cinco sanciones a viviendas con fines turísticos de la provincia de Almería por haber prestado el servicio de manera "clandestina", es decir, sin la correspondiente inscripción, habilitación o anotación legal en el registro andaluz.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes del Gobierno andaluz, desde donde han apuntado que desde 2017 hasta julio de este año se han resuelto 20 expedientes en relación con viviendas con fines turísticos, con una sanción global que ha alcanzado la cifra de 9.755 euros.

Hasta julio de 2019, la Administración autonómica ha registrado una infracción por prestación clandestina del servicio, dos por la inexactitud de los datos manifestados en la declaración responsable, y otros dos por diferentes motivos. En total, han sido tres los expedientes sancionadores resueltos en lo que va de año, con una multa global de 2.701 euros.

Asimismo, y tras recordar que un mismo expediente sancionador puede englobar más de una infracción, han apuntado que a lo largo de 2018 se identificaron y sancionador a los gestores de tres viviendas turísticas por prestar el servicio clandestinamente.

Igualmente, a lo largo del pasado año en el que se resolvieron cuatro expedientes por valor de 5.053 en sanciones, también se penalizó a un apartamento por la falta de distintivos y de símbolos acreditativos de la clasificación administrativa. También se constató una por incumplimiento de obligaciones formales en documentación, libro o registros y por la no conservación de documentación obligatoria, entre otras.

Dentro de las labores de inspección que sigue la Junta, en 2017 se resolvió únicamente un expediente en la provincia, lo que implicó una sanción de 2.001 euros por la prestación clandestina del servicio.