¿Un nuevo caso ‘Algarrobico’ en la playa de Carboneras?

Podría considerarse un nuevo caso ‘Algarrobico’, ya que, aunque tienen la autorización, no han cumplido todos los trámites legales al no presentarlo a Información Pública. Es lo que opinan varios vecinos de Carboneras, que denuncian además que se está construyendo un chiringuito permanente de playa de 242 m2 y más de 4 metros de altura delante de sus viviendas sin que se haya realizado el preceptivo ‘Trámite de información pública’ por parte de la Junta de Andalucía.

Los vecinos se muestran indefensos y avisan de que este chiringuito de playa supone un evidente obstáculo visual, supone imponer a los vecinos la carga de soportar los ruidos, olores, humo, gases, basuras, depósitos, reparto de mercaderías, así como las lógicas molestias derivadas de la afluencia de público, y avisan que en ese punto se encuentra la salida de aguas pluviales de las Comunidades de Propietarios.

En concreto el chiringuito de playa se ha empezado a construir en la Playa del Lancón, en el término municipal de Carboneras. Las Comunidades de Propietarios de los Edificios Miramar y Bajel han presentado una instancia ante la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul para que se paralicen inmediatamente las obras, se declare nulo el acuerdo por el que se autoriza la construcción del mismo y “de todas las actuaciones habidas con posterioridad, incluida también la nulidad de la Resolución de 11 de enero de 2023 por la que se acuerda otorgar la concesión, acordando la retroacción de las actuaciones al momento de forma que se someta a trámite de Información Pública la última modificación del proyecto que ha resultado finalmente aprobada”.

La historia parte del año 2016, cuando se solicita a la Junta de Andalucía la construcción de un chiringuito de playa en la misma zona. Entonces sí se abrió un periodo de información pública y el Ayuntamiento de Carboneras expresó su rechazo al mismo alegando que la ocupación es “contraria a los intereses municipales de defensa ambiental y paisajística del frente litoral urbano y en aras de mantener y garantizar el uso público y libre de nuestras playas sin intrusiones paisajísticas ni riesgos de establecimiento de focos de suciedad y que puedan afectar a la viabilidad económica de los números establecimientos de hostelería situados a lo largo del paseo marítimo de Carboneras”. Además, el Ayuntamiento argumentó en su rechazo que “las playas están suficientemente cubiertas respecto de establecimientos expendedores de comidas y bebidas con los numerosos establecimientos de hostelería y restauración existentes en el Paseo Marítimo de Carboneras, por lo que se podría considerar una nueva competencia en tiempos de escasa afluencia turística”.

La Junta de Andalucía le dio la razón al Ayuntamiento y rechazó la autorización de concesión. El solicitante presentó posteriormente otro proyecto modificado, pero desplazándolo justo delante de los edificios de las Comunidades de Propietarios Miramar y Bajel. A pesar de ser más perjudicial para los vecinos y manteniéndose los argumentos que llevaron a la Junta a rechazar la anterior solicitud, la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en esta ocasión sí otorgó la concesión de ocupación en la nueva ubicación propuesta para el chiringuito sin que se haya vuelto a dar dicho trámite de información pública tras esta modificación sustancial de concesión administrativa solicitada.

Las comunidades de propietarios Miramar y Bajel reclaman su derecho a poder alegar en un periodo de exposición pública. En esta línea, recuerdan que “según el artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno: Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley. Asimismo, y en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica”.

Por eso, reclaman a la Junta de Andalucía que se anule la autorización y se abra el Trámite de Información Pública para poder alegar. Y, mientras tanto, ordenen la paralización inmediata de las obras.