Almería asume el traslado de 15 inmigrantes expuestos al COVID a Víznar ante la “pasividad” del Gobierno

La primer teniente de alcalde de Almería y portavoz municipal del Equipo de Gobierno, María del Mar Vázquez, ha criticado la pasividad del Gobierno de Pedro Sánchez y ha pedido que “asuma” sus competencias y se establezcan los debidos protocolos que eviten que inmigrantes que han llegado a nuestras costas junto a positivos en COVID-19 puedan quedar en la calle sin guardar la debida cuarentena recomendada por las autoridades sanitarias.

Precisamente, este fin de semana, el Consistorio almeriense ha tenido que abordar esta circunstancia. Vázquez ha explicado que se ha habilitado un autobús para el traslado de 15 inmigrantes, escoltados por agentes de la Policía Nacional, al albergue habilitado por la Junta de Andalucía en la localidad granadina de Viznar, después de ser recogidos a bordo de una patera”

Así mismo, Vázquez ha indicado que la Subdelegación de Gobierno ha sido la que solicitó dicha colaboración, al tiempo que indicó el albergue al que debían ser trasladadas las personas en cuarentena. Por su parte, la persona que dio positivo en coronavirus quedó a cargo de las autoridades sanitarias para su supervisión médica.

EL AYUNTAMIENTO NO TIENE COMPETENCIAS PERO COLABORA

"Está claro que la competencia es o de Sanidad o del Gobierno, pero no del Ayuntamiento de Almería", ha apuntado la edil, quien ha incidido en que el Consistorio abogó por participar en el traslado "en aras de la máxima colaboración" y para evitar que estos contactos estrechos pudieran "estar deambulando por Almería" una vez finalizara el periodo de detención a las 7.00 horas de este lunes y salieran del centro de acogida temporal de extranjeros (CATE) del Puerto de Almería.

La portavoz municipal ha recordado que “es el Gobierno el que tiene que trasladar a los inmigrantes", haciendo referencia a un auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo 4 de Murcia en septiembre en el que denegaba la petición de medidas cautelares para suspender una resolución en la que se acordaba que era el Ejecutivo central el que debía proporcionar alojamiento a los inmigrantes irregulares llegados a la Región para guardar cuarentena.