El compromiso del Gobierno Andaluz ante las viviendas irregulares acaba con un problema cronificado

A pesar de ser una problemática muy compleja, por primera vez en muchos años, el propio presidente de la Junta y el Gobierno andaluz, se están implicando de lleno para poner fin a treinta años de caso jurídico y urbanístico.

No solo es un problema de regularizar viviendas que ahora mismo se encuentran en un limbo legal; las aristas de este problema, cronificado en Andalucía durante los últimos treinta años, es mucho más complejo. Son edificaciones que no han podido acceder a servicios básicos, como el agua y la luz, y que están produciendo un daño en el medioambiente ya que vierten o toman agua de forma incontrolada.

PROTECCIÓN AMBIENTAL Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES

Con el objetivo de dar solución a los propietarios, y de evitar que se siga repitiendo esta práctica, el nuevo Gobierno de Andalucía aprobó, a finales del mes de septiembre, el Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Adecuación Ambiental y Territorial de las Edificaciones Irregulares. Una ley que pone el acento en dos cuestiones: la protección ambiental y la simplificación de los procesos.

PILARES DE LA NORMA 

Este decreto ley se sustenta en tres pilares fundamentales:

CONTENIDO PROMOCIONADO POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA