Adaptación de servicios

Las personas sordas acusan al Ayuntamiento de Jerez de desoír sus reivindicaciones

Representantes de la asociación APESORJE y de IU se encierran en instalaciones municipales reclamando un convenio que les garantice un acceso digno a los servicios públicos

Gabriel Álvarez

Jerez - Publicado el - Actualizado

2 min lectura

Una reunión con la delegada de Acción Social y Mayores del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, Carmen Collado (PSOE), aportó un punto de esperanza a mediodía a los representantes de las personas sordas que, en la mañana de este jueves, han iniciado un encierro en instalaciones municipales. La reacción de la concejala fue rápida y generó ciertas expectativas pero no ha conducido a nada. Y las cinco personas que adoptan esta iniciativa en representación de los afectados, dirigentes de la Asociación de Personas Sordas de Jerez (APESORJE) o junto al portavoz de Izquierda Unida Raúl (IU) Ruiz-Berdejo, aseguran que, visto lo visto, persisten en esta acción.

"Nos mantenemos", asegura Ruiz-Berdejo. El caso es que sigue sin cumplirse un viejo compromiso por el que se buscaba garantizar un acceso digno a los servicios públicos municipales. El Pleno del Ayuntamiento accedió a ello aprobando por unanimidad en una sesión desarrollada en 2015 la elaboración de este texto. El asunto fue llevado por IU, formación en la oposición aunque cercano al Gobierno local en multitud de apoyos, que ahora no duda en apoyar a las personas que sufren problemas de audición y que requieren facilidades suplementarias para poder verse favorecidos por los servicios públicos.

En estos momentos apenas se dispone de servicio de intérprete en la Oficina de Atención al Ciudadano dos horas los martes y otras dos los jueves. Ello ya pone trabas desde el inicio de un trámite a quienes, con la dificultad sonsorial mencionada, tienen cosas que resolver con Urbanismo, con una trabajadora social o con otros servicios. Son algunos de los ejemplos que permiten, a quienes no tenemos este problema de hipoacusia, hacernos una idea de las dificultades que, en el día a día, han de sobrellevar las persoans sordas. Quienes reclaman el mencionado convenio que lleva ya siete años de retraso, aspiran a resolver todos estos problemas de acceso a los servicios públicos.

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