Sucesos

La Operación Primate permite la caída de la mayor red de venta de cocaína en la provincia de Cádiz

Un pescadero y su furgoneta, claves en la distribución en la última fase de una compleja actuación con intervenciones en El Puerto, Puerto Real, Arcos, Jerez, Paterna y Lebrija

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Gabriel Álvarez

Jerez - Publicado el - Actualizado

3 min lectura

Varias poblaciones de la provincia de Cádiz se han visto sacudidas por una operación que ha desarticulado la mayor red de distribución de cocaína que operaba en la zona. El Puerto de Santa María, Puerto Real, Arcos de la Frontera, Jerez de la Frontera, Paterna de Rivera y hasta la sevillana Lebrija son enclaves que han asistido a los movimientos de los agentes de la Policía Nacional participantes en la que ha sido bautizada como Operación Primate. 29 personas en total han sido detenidas acusadas de delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas.

Ponemos foco en el distribuidor. Tenía una tapadera que le permitía camuflar su labor delictiva. Vendía pescado y, junto a las ricas proteínas procedentes de la mar, procedía igualmente a repartir ese otro producto con el que abastecía a los diferentes vendedores de toda la provincia. Así operaba quien resultaba clave dentro de la red, protagonista en primera persona de la llegada de la droga a los distintos puntos designados. Se trata de una actuación desarrollada dentro del Plan Especial de Seguridad de Campo de Gibraltar que ha requerido la participación de agentes tanto de la provincia de Cádiz como de la de Sevilla.

Se han practicado 18 registros domiciliarios en los que se han intervenido un total de 1.860 gramos de cocaína, 170.000 euros en efectivo, 15 vehículos, 421 plantas de marihuana, 1.500 gramos de cogollos de marihuana, 359 gramos de hachís, 200 comprimidos de anabolizantes, así como un revólver y cuatro rifles de caza con silenciadores y miras telescópicas. La información facilitada por la Dirección General de la Policía es exhaustiva y contempla los detalles de una evidencia más sobre cómo se establecía el contacto entre el punto de llegada a la zona de la droga y esta distribución a los lugares de menudeo y consumo.

La investigación se inició en El Puerto de Santa María a finales de 2019. Entonces fue cuando se tuvo conocimiento de la existencia de varios puntos de venta de cocaína en una barriada de esta localidad costera. Clanes de la operación los controlaban usando incluso cámaras de vigilancia y puertas blindadas para dificultar los movimientos de la Policía llegados al caso. También contaban con dos viviendas donde guardaban el dinero procedente de la actividad ilícita. La vigilancia de los agentes durante la primera mitad del año 2020 fueron poniendo a tiro el desenlace que ahora culmina.

Primero se llegó a un momento de dificultad en la provisión de droga que les hizo acudir a Lebrija para abastecerse. Otro clan de la localidad sevillana se ocupó de que no les faltara producto para mantener el menudeo en las calles portuenses. Pero los traficantes lebrijanos fueron desarticulados en julio pasado. Y tocó intentarlo vía Paterna de Rivera y La Barca de la Florida. Es entonces cuando, ya en la segunda fase de la Operación Primate, se alcanzaba otro estadio de la situación. Se trata de un momento de todo este proceso en el que se aprecia que las parejas de los implicados también ejercen de vendedoras de la cocaína.

Aún quedará una tercera fase en la que la investigación identifica en Jerez al clan, formado por los tres principales distribuidores de cocaína que también fueron detenidos. Estamos ya en el escalón más alto de la jerarquía de la organización y del cuál se abastecía el vendedor de pescado. Los registros domiciliarios permitieron comprobar las medidas de seguridad utilizadas para evitar el acceso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a las viviendas y el decomiso de las sustancias estupefacientes, al contar con portones blindados y falsos fondos en los armarios donde escondían la cocaína.

En estos momentos, la investigación se encuentra en curso por parte de la Policía Nacional con el objetivo de identificar los orígenes, flujos y paradero de ganancias ilícitas. Hasta el momento se ha solicitado el bloqueo de forma preventiva de hasta 31 cuentas bancarias que suman un saldo aproximado de 100.000 euros, así como el embargo preventivo de diez viviendas, 28 vehículos y una embarcación.

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