23 infracciones en Cádiz por empleo irregular y fraude a la Seguridad Social

Menudean los casos de percepción de prestaciones incompatibles con el trabajo, la presencia de extranjeros sin permiso de trabajo o de trabajadores en general sin dar de alta. Y la Guardia Civil está intensificando sus esfuerzos para que queden a la luz. La provincia de Cádiz ha sido objeto de una operación contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social que ha permitido 165 identificaciones en empresas. Finalmente se han detectado un total de 23 infracciones en esas materias.

Las actuaciones realizadas han dado respuesta a la preocupante proliferación de empresarios que tendrían a su cargo a trabajadores sin dar de alta en la Seguridad Social, y que quedarían en situación de desamparo ante cualquier problema sanitario, riesgo laboral o de posibles ayudas a percibir con posterioridad. Los agentes han centrado sus actuaciones en los posibles fraudes a la seguridad social y en verificar el alta en la seguridad social de los trabajadores en el sector del trabajo agrícola.

La operación ha sido desarrollada por distintas especialidades de la Benemérita como SEPRONA, USECIC, Equipo Pegaso, además de los inspectores de trabajo. Y ha supuesto pedir que los empresarios aporten en la sede de la Inspección de Trabajo la documentación laboral de las personas que se encuentran a su cargo, que les ha sido requerida. Escucha aquí a Manuel González, portavoz de la Guardia Civil en Cádiz que te explica los detalles..

Por tales motivos, por los servicios de la Inspección de Trabajo se formularán los correspondientes expedientes sancionadores, que podrían llevar aparejados, además de sanciones pecuniarias para empresarios y trabajadores, la retirada de las prestaciones ilegalmente percibidas por fraude. Además de estas infracciones se ha detenido a una persona por tenencia de arma prohibida, y se han formulado 2 denuncias de caza, 2 denuncias por tenencia de droga y 3 denuncias por tráfico.

Cabe destacar, que esto provoca una economía sumergida por lo que conlleva un grave riesgo no sólo para los consumidores, sino también para la propia existencia de muchas empresas que respetan la legalidad y de las que dependen un número considerable de trabajadores.

Este operativo es fruto de la firma del Convenio para la coordinación entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las FFCCSS del Estado, en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social y de las actuaciones que se realizan en el marco del 'Plan de Actuación de la Guardia Civil ante la Trata de Seres Humanos'.

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