El adelanto electoral deja paralizada la Ley de Servicios de Atención al Cliente en el comercio online

El 12 de marzo de 2003 la Fiscalía de Córdoba interpuso la primera acción colectiva para la defensa de los intereses de los consumidores. Fue una reclamación en nombre de 200.000 familias andaluzas contra Gas Natural Andalucía que todavía hoy sigue activa: quedan unos tres millones de euros que la empresa tiene que devolver a un 20% de los afectados. Fue una acción pionera en España y que sentó un precedente en la lucha por el derecho de los consumidores. Desde 2011, todos los juzgados de lo civil cuentan con servicio de defensa consumidores, pero no todos los fiscales lo ponen en marcha.

En este momento, otro de los asuntos en los que la fiscalía está aunando esfuerzos en la defensa del consumidor en el comercio electrónico, un tipo de mercado que cada día adquiere más importancia y que mueve más transacciones. La convocatoria anticipada de elecciones para este julio ha dejado colgada una ley importante en este sector: la Ley de Servicios de Atención al Cliente. Una norma que servía para que, cada vez que se requiere la atención de una empresa, quien responda al teléfono sea obligatoriamente un trabajador -y no una máquina. "Hay que esperar a que se formen las cortes e intentar presentar de nuevo esa norma como proyecto de ley. No obtante, es una ley que se espera sea cambiante porque, con el tiempo, van a apareciendo nuevos abusos en materia de comercio electrónico", especifica a Carlos Ballugera, presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios.

Desde

, aseguran a COPE que las reclamaciones

en este sector están aumentando al ritmo que suben las compras online. "En muchas ocasiones, el consumidor no recibe los productos que han comprado, o no cumplen con las expectativas. Al tratar de ejercer el derecho de desestimiento, nunca es atendido y nunca devuelven el dinero. Al intentar localizar a estas empresas, lo que acaba ocurriendo es que no existe, que s

", explica

, portavoz en Córdoba. Según los últimos datos ofrecidos por el Ministerio del Interior, los cordobeses sufrieron 1312 estafas con tarjetas de crédito en 2021.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha defendido este jueves que en los proyectos de ley que impulse el Gobierno sobre la defensa de los derechos de los consumidores y personas vulnerables, "el Ministerio Público tiene que ser protagonista, porque es la figura institucional y constitucional que mejor encarna la defensa de valores colectivos", porque "plasmados a través de otros prismas no tienen la respuesta que institucionalmente merecen los colectivos".

Así lo ha transmitido García Ortiz en la inauguración en Córdoba de la 'Jornada sobre defensa de los consumidores', en la que se recuerda el hito en la materia que supuso hace 20 años la acción colectiva emprendida por la Fiscalía provincial contra las cláusulas abusivas en contratos de gas, que impulsó el fiscal delegado de la Sección Civil en Andalucía, Fernando Santos Urbaneja.