Menos de una decena de policías para 500 víctimas de violencia de género en Córdoba capital

Desde que entró en vigor la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual de 6 de septiembre de 2022, en Córdoba se han rebajado un total de 15 condenas por agresión sexual y se están estudiando otras 50, según los últimos datos actualizados procedentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La última noticia que conocíamos sobre esto era que el Gobierno había decidido poner a disposición de los jueces la capacidad de dictar el uso de las pulseras de alejamiento a agresores que se habían visto beneficiados por la ley. Lo ha hecho a través de una circular a la que ha podido acceder COPE y en la que se reconoce, explícitamente, que existe una "nueva tipología de víctima que, por interpretaciones diversas del derecho, está sufriendo una victimización adicional o una percepción de inseguridad relacionada directamente con revisiones de condenas o excarcelaciones sorpresivas o imprevistas de agresores sexuales".

Por este motivo, las pulseras que ahora se encuentran a disposición de las víctimas de violencia de género, también podrán ser utilizadas, si así lo deciden los jueces, para estos agresores a los que se les ha rebajado la condena. El Colegio de Abogados de Córdoba también ha sido informado de esta nueva medida.

El último informe estadístico de la Unidad contra la Violencia de Género suma en Córdoba más de 134 pulseras de alejamiento contra la violencia machista en el último año, 31 más que el año pasado. Desde el Colegio de Abogados también nos confirman que se está trabajando en una mejora de estas pulseras que, a veces, fallan.

Hasta el momento, la instalación de este tipo de dispositivos están limitada al ámbito de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre. Ahora, la Delegación de Violencia de Genero ha acordado que se licite un nuevo contrato para dar cobertura completa a la protección de la mujer a través del artículo 45.2 de la LOGILS, que indica que se podrá vigilar el cumplimiento de las penas y medidas de alejamiento, cuando su utilización sea acordada en resolución judicial. Según se extrae de la circular, "en estos momentos se considera suficientemente justificado dar cobertura, siempre que exista resolución judicial que acuerde una medida de alejamiento, a una nueva tipología de víctima que temporalmente por interpretaciones diversas del derecho transitorio está sufriendo una victimización adicional o una acusada percepción e inseguridad con motivo de las revisiones de condenas o excarcelaciones sorpresivas o imprevistas de agresores sexuales". Esta es la orden que se ha hecho llegar la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género a COMETA, centro de control que se relaciona con los órganos judiciales, el Ministerio Fiscal y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y que presta el servicio de estas pulseras telemáticas. "Esta ley se aplica porque ha tomado una serie de terminología que antes no tenía, aunque para los nuevos casos no se producen tantos beneficios. El tema la colocación de pulseras a agresores con sentencias rebajadas me genera dudas... No podrán acecarse a su anterior víctima pero, ¿qué ocure con las demas?", expresa Concepción Ortega, vicedecana responsable de Violencia de Género del Colegio de Abogados.

Para proteger a la mujer, 38 de los 77 municipios que hay en la provincia, se encuentran adheridos al Sistema Viogen lo que se traduce en un 49,35%. Córdoba es la segunda provincia andaluza, después de Granada, con más municipios adheridos. Este sistema sirve para que la Policía Local pueda colaborar con la Nacional y la Guardia Civil en el control de los casos de violencia de género. Y es que, según ha podido conocer COPE, en la capital hay menos de diez policias nacionales destinados a hacer seguimiento de alrededor de 500 mujeres víctimas de violencia machista. Es decir, cada policia, atiende a una media de 71 mujeres de forma continuada. Este numero de víctimas, además, podría aumentar este año con la entrada en vigor del Protocolo 0, un sistema de seguimiento 24 horas de víctimas que ayuda a orientarlas incluso cuando deciden no denunciar.