La Junta autoriza a la Universidad de Córdoba a usar 2,77 millones del Plan de Infraestructuras de 2024

La Junta de Andalucía ha dado el visto bueno a que la Universidad de Córdoba (UCO) utilice una partida de 2,77 millones de euros para acometer en el presente ejercicio de 2024 mejoras en instalaciones e infraestructuras consideradas prioritarias en su campus, a través del Plan Extraordinario de Inversiones e Infraestructuras.

Según ha informado la Junta en una nota, este instrumento, contemplado en el modelo de financiación universitaria, tiene una dotación inicial de 80 millones de euros para dar cobertura a sus cuatro años de vigencia (2024-2027), con una distribución anual de 20 millones como máximo por cada ejercicio y para todo el conjunto universitario andaluz.

Para este 2024, el sistema público de educación superior de Andalucía dispondrá de en torno a 20 millones de euros. La Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos ha sido la encargada de autorizar esa inversión, a propuesta de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación.

Dicha autorización se ha concedido a esta institución académica debido al superávit con el que prevé cerrar este año. Los remanentes no afectados son recursos procedentes en su totalidad de las transferencias de financiación de la Junta de Andalucía no ejecutadas por el sistema público universitario. Hasta el ejercicio 2019, primer año del Gobierno de Juanma Moreno, el uso de estos fondos no estaba autorizado.

La Universidad de Córdoba dispone hasta la fecha de 13,07 millones de euros en concepto de remanentes, gracias a las aportaciones realizadas por el Ejecutivo autonómico y a la gestión de la propia Universidad, que ha venido generando superávit en años anteriores.

La Consejería de Universidad ha venido trabajando con los rectores del sistema público para acordar el reparto definitivo de los fondos, a partir de la propuesta inicial llevada el pasado 22 de mayo al Consejo Andaluz de Universidades (CAU). Una vez ajustados los importes de todas las instituciones académicas, la Consejería que dirige José Carlos Gómez Villamandos ha trasladado la propuesta con las actuaciones a la Consejería de Economía, que es la responsable de aprobarla de acuerdo con la Ley Andaluza de Universidades (LAU).

ACTUACIONES EN CÓRDOBA

Entre las actuaciones programadas para la UCO, se encontrarían la urbanización de Rabanales, la urbanización del Rectorado, la reforma del local de información de estudiantes, las medidas de climatización para ahorro y eficiencia energética, la sustitución de luminarias, la ampliación de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, además de la reparación de las cubiertas del actual edificio de esta facultad y la del edificio Da Vinci del campus de Rabanales.

De igual modo, se recogen otras acciones, como la contemplada en el edificio vial norte, la reforma de la sala de nuevas tecnologías de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología, así como la instalación de un ascensor y la continuación de la reforma de los laboratorios en la Facultad de Medicina y Enfermería.

Otras intervenciones contempladas son la rehabilitación del aulario Menéndez Pidal y de las casas Colonia de San José, la adecuación de la sala de descanso de estudiantes, la sustitución de la caldera de la piscina cubierta y la adecuación del salón de actos del Colegio Mayor la Asunción.

Una vez desarrollados estos proyectos e intervenciones por parte de la UCO, la Consejería de Universidad se encargará de evaluar y revisar su ejecución para, posteriormente, informar al CAU.

PLAN EXTRAORDINARIO

Para beneficiarse del Plan Extraordinario de Inversiones e Infraestructuras 2024-2027, la Junta de Andalucía ha establecido tres requisitos de carácter financiero que tienen que cumplir estas instituciones académicas.

El primero fija la obligación de disponer de transferencias autonómicas no ejecutadas a 31 de diciembre del año anterior a la ejecución de la inversión y el segundo exige a las universidades contar con un presupuesto (o prórroga) en situación de equilibrio en términos de contabilidad nacional.

En tercer lugar, se determina la necesidad de presentar para el ejercicio en el que se solicita la autorización una previsión de liquidación presupuestaria en equilibrio y un saldo positivo de transferencias no ejecutadas de la Junta.

Al margen de las transferencias no ejecutadas, las universidades públicas tendrán a su disposición otras dos vías de financiación definidas por el Ejecutivo autonómico. Por un lado, la financiación europea, que dará cobertura a intervenciones de transformación digital y energética de edificios y dependencias universitarias.

En este caso, ya se está explorando la posibilidad de que las instituciones académicas opten por primera vez al programa de incentivos en materia de eficiencia energética en las administraciones públicas que convoca la Agencia Andaluza de la Energía, dependiente de la Consejería de Industria, Energía y Minas, y por otro lado, hay fondos extraordinarios de la Junta para impulsar nuevos proyectos apoyados en función de su viabilidad económica y técnica. Además de estos recursos, los campus andaluces disponen de más de un millón de euros a través de la Red de Energía de la Junta de Andalucía (Redeja) para llevar a cabo la instalación de placas fotovoltaicas.