El refuerzo del Juzgado de Violencia de Género consigue rebajar en un año el plazo de señalamientos

La tendencia de los números que recoge la memoria de la fiscalía para el año 2022 es clara: los casos de violencia de género están aumentando en los últimos años. Los delitos de lesiones en el ámbito familiar y los de quebrantamiento, tanto de medidas cautelares como de penas, son los más numerosos, aunque también continúan al alza los delitos cometidos a través de redes sociales y los de acoso, según ha especificado a COPE la fiscal delegada en esta materia en Córdoba, Silvia Berdugo. Se han producido un total de 648 diligencias urgentes (juicios rápidos previos a un juicio oral) en 2022 y, a fecha actualizada de noviembre de 2023, han sido 632 los casos, por lo que es muy previsible que se superen los números del año pasado.

Con los casos al alza, el Juzgado de lo Penal Número 6 de Córdoba, encargado de juzgar la violencia de género, sigue siendo el más colapsado de Córdoba. Por ello, el pasado junio se incorporó una jueza de refuerzo y una letrada de la administración de justicia. Esto ha permitido reducir en un año la agenda de señalamientos, según ha adelantado en esta cadena la fiscal.

"Los juicios señalados para 2025 se están celebrando ahora en 2023 y se están señalando nuevos para 2024. Esto es muy importante, especialmente en los casos de violencia de género. Lo que estaba ocurriendo es que se estaban celebrando los juicios con más de tres años de retraso desde la comisión de los hechos. Esto daba lugar a que las medidas cautelares estuvieran cumplidas y las víctimas no quisieran declarar por el desgaste emocional del proceso".

No obstante, destaca Berdugo la necesidad de que exista un juzgado completo para esta materia. "Ese nombramiento ha acelerado los juicios, pero no hay fiscales suficientes. Hay muchos más señalamientos ahora, y los hemos tenido que cubrir con el mismo número de fiscales", expresa. Dadas las circunstancias, se han movilizado a todos los fiscales para que actúen en esta materia y apoyar a los cuatro que habitualmente acuden a este tipo de juicios.

También ha demandado un refuerzo para el Juzgado de Instrucción, donde una misma jueza se encarga "todos los días, de guardia, de tramitar los procedimientos civiles derivados por violencia de género. Señala solo dos al día porque luego les entran los de guardia y no da abasto. Por lo tanto, habría que nombrar un juez de violencia de género en el ámbito de la instrucción", sentencia.

Dispositivos telemáticos de protección

En el año 2022, la fiscalía registró que se habían activado 12 dispositivos telemáticos de control de agresores a través de Fortuny, una aplicación en la que numerosos funcionarios registran los datos de casos de violencia de género. Sin embargo, la fiscal, en la presentación de la memoria de 2022, destacó que este dato "no parecía demasiado fiable". Explica en COPE que el motivo esencial para hacer esa afirmación es que "el funcionario detecta que se ha ordenado protección para la víctima, pero luego no especifica que se trata de un dispositivo telemático. Es decir, el juzgado nos puede comunicar que la pulsera es la medida que se ha tomado, pero el funcionario luego no siempre lo especifica".

Por el momento, en Córdoba no se ha activado esta medida de protección para condenados que han salido de la cárcel tras la aprobación de la Ley del Solo Sí es Sí, que en la provincia han sido dos.

Violencia vicaria y menores huérfanos por violencia de género

En los casos de violencia de género, la existencia de hijos comunes en la pareja suele ser un factor relevante en el proceso de merma psicológica hacia la mujer. Ellos, generalmente, lo viven y lo sufren. A veces, incluso, son el objeto directo de violencia que se ejerce para hacer daño a la mujer. "A esto se le denomina violencia vicaria, y ocurre cuando se utiliza a los hijos como instrumentos para maltratar o hacer daño, ya sea no cubriendo sus necesidades básicas, no pagándole la pensión de alimentos, haciéndolos testigos de comentarios negativos hacia sus madres, manipulándolos o ejerciendo coacción a la víctima utilizando al menor", explica Berdugo, y añade que "es muy importante observar el comportamiento de ese menor cuando vuelven a casa después de estar con el padre. Suelen observarse cambios de humor y comportamiento".

Cuando eso ocurre, la Fiscalía puede extender la orden de protección que se le concede a la mujer víctima; también, si no hay medidas reguladas entre los progenitores, puede suspender el régimen de visitas, salvo que exista un interés supremo para el menor. En casos graves, la fiscalía está pidiendo cada vez con más frecuencia la privación de la patria potestad.

Violencia de género en mujeres con discapacidad

Según la Fundación ONCE, el 40% de las mujeres con discapacidad sufren violencia de género. Generalmente, en estos casos, a las mujeres les cuesta más dar el paso a denunciar, "por eso, desde la fiscalía, cuando tenemos el más mínimo indicio de violencia de género en el ámbito familiar, a través de servicios sociales, por el servicio de atención a personas mayores, o bien por algún parte de lesiones de hospitales, incoamos unas diligencias de investigación. En el caso de que se confirme la violencia hacia la mujer, podemos interponer la denuncia y solicitar, de oficio, una orden de protección", manifiesta la fiscal delegada.